El cuerpo de jueces de la Segunda Circunscripción judicial determinó, de forma unánime, desestimar la apelación presentada por los abogados de Diego Torres, quienes buscaban apartarlo de la investigación por supuestas irregularidades en la administración del Molino Fénix durante el mandato pasado. El imputado enfrenta acusaciones por estafa contra el Estado, conformación de una banda delictiva y anulación o resguardo indebido de evidencia.
Esta determinación surge en el marco de un expediente que cobró mayor relevancia a partir del 8 de septiembre, fecha en la que la Fiscalía extendió los cargos y dictó la privación de libertad preventiva para Exequiel Scarel, Enzo Lucero y la ex legisladora Anabela Lucero. En esa misma instancia se solicitó el levantamiento de la inmunidad de Joaquín Beltrán —ex administrador del complejo— con el fin de proceder a su encarcelamiento preventivo una vez que el pedido sea tratado por la Legislatura.
Respecto a Torres, el Tribunal rectificó su calificación legal: mientras que el magistrado de Garantías Santiago Ortiz lo señalaba como coautor del fraude, los jueces María Bocca, Marcelo Bustamante Marone y Hernán Herrera determinaron que, por el momento, su rol debe ser considerado como partícipe necesario. Los magistrados sostuvieron que, al acreditarse que Torres conocía las maniobras y aportó ayuda fundamental para perjudicar las arcas públicas, su participación debe definirse bajo esta figura penal. Por otro lado, se ratificaron las imputaciones por asociación ilícita y destrucción o encubrimiento de pruebas, en las cuales Torres sigue señalado como coautor.
