El Tribunal entendió que todavía existe peligro de que los acusados interfieran en la investigación y que las medidas probatorias concretadas hasta ahora no justifican un cambio. Enzo Lucero y Exequiel Scarel quedan comprendidos en el mismo fallo.
Adriel Cabello y Esteban Bustos fueron señalados por permitir que la ex legisladora realizara comunicaciones prohibidas y por manipular informes médicos para fingir un falso deterioro físico de la detenida.
El Ministerio Público Fiscal solicitó mantener el encarcelamiento de la ex diputada, su hermano y su cuñado, al detectar intentos de engañar a las autoridades mediante falsos partes médicos y maniobras de obstrucción.
La ex legisladora, junto a su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel, seguirán bajo custodia durante los próximos 90 días por orden judicial. La Justicia consideró que existen riesgos procesales y cuestionó maniobras para simular un estado de salud deteriorado.
Este viernes se oficializaron nuevas notificaciones en el expediente judicial que indaga el desvío de recursos estatales durante el mandato previo. Entre los principales señalados continúan la ex legisladora Anabela Lucero y el diputado Joaquín Beltrán.
Diego Torres declaró ante el magistrado Santiago Ortiz, señalando a la ex legisladora como la responsable de liderar el uso indebido de recursos estatales y el desmantelamiento de bienes públicos. El testimonio confirmó el desvío de dinero para financiar su campaña electoral mediante la compra de insumos y mercadería.
Durante su audiencia de prisión preventiva, Diego Torres confesó ante la Justicia la utilización de fondos y mobiliario estatal para favorecer las postulaciones electorales de los dirigentes albertistas.
Los representantes legales de la ex diputada facilitaron un celular a la interna durante una visita, incumpliendo el reglamento de seguridad del penal. Tras el episodio, los letrados fueron reportados ante las autoridades profesionales correspondientes.
El magistrado fundamentó su decisión señalando que su tribunal ha llevado adelante el expediente desde el inicio, lo cual resultó clave para desestimar la solicitud presentada.
El Colegio de Jueces desestimó el recurso presentado por la defensa, manteniendo la medida cautelar que el acusado cumple en el penal provincial. La decisión se fundamenta en la existencia de riesgos de entorpecimiento en la investigación por el desvío de recursos del Complejo Molino Fénix.
La defensa del empresario argumentó que no existen fundamentos sólidos para mantenerlo detenido y cuestionó la validez de las acusaciones en esta investigación por corrupción.
En el marco del expediente que indaga sobre presuntos hechos de corrupción durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, Diego Torres fue puesto bajo custodia este miércoles. El individuo está señalado por integrar una asociación ilícita y realizar maniobras de fraude y manipulación de pruebas.
