Nuevos operativos judiciales en Villa Mercedes por el caso de desvío de fondos en el Molino Fénix

En el marco del proceso judicial impulsado por el Ministerio Público Fiscal, los investigadores trabajan para precisar el itinerario completo de los caudales públicos que fueron retirados sin supervisión del Molino Fénix durante el mandato de la exlegisladora vinculada al albertismo, Anabela Lucero.

Por tal motivo, se ejecutaron este martes dos procedimientos simultáneos: uno de ellos tuvo lugar en el establecimiento de expendio de combustibles Combustibles Argentinos, situado en la calle Pringles al 800, mientras que el otro se llevó a cabo en una firma distribuidora de soda y agua, ubicada en la calle Juan Domingo Perón al 2000.

Tras la captura de la referente justicialista el 24 de agosto y la formalización de nuevos cargos, el fiscal José Olguín presentó pruebas adicionales que vinculan a distintos empresarios con este esquema delictivo. La intención actual de la fiscalía es localizar el destino del capital y esclarecer cómo se ejecutó el lavado de activos mediante el uso de comprobantes apócrifos y firmas ficticias.

Los allanamientos se realizan de manera simultánea en Villa Mercedes. (Foto: Nahuel Sanchez)

Según los cargos formulados contra Lucero y Joaquín Beltrán, los acusados habrían confeccionado comprobantes falsos para simular erogaciones en trabajos que nunca se concretaron. Olguín explicó que los fondos eran derivados a otras sociedades que aparentaban ser proveedores, permitiendo así que el dinero fuera blanqueado o destinado a cubrir otras obligaciones financieras.

Asimismo, el fiscal subrayó la existencia de diversas firmas locales conectadas a un mismo empresario, incluyendo compañías pantalla que generaban facturas sin que mediara ninguna prestación real de servicios.

La pesquisa se centra en siete sociedades y cinco individuos que aparecen en el listado APOC del ARCA por emitir documentación fraudulenta y carecer de sedes físicas o actividad comercial. Se ha dictaminado el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de los implicados, lo cual permitirá analizar la trazabilidad de los cheques, los endosos y los movimientos de capital para intentar recuperar los fondos faltantes.