Dictaron la prisión preventiva a un hombre denunciado por abusar de su hijo y hostigar a su ex pareja

La Fiscalía de Género Nº 1, conformada por las fiscales Delia Bringas y Marisol Boschi, le imputó al detenido los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la complicidad, además de amenazas contra la progenitora y el doble quebrantamiento de medidas judiciales.

Las actuaciones judiciales se iniciaron tras una denuncia por violencia familiar. El acusado y la mujer estuvieron en pareja una década y, tras el fin del vínculo, la Justicia había impuesto prohibiciones de acercamiento en resguardo tanto de la mujer como del menor.

De acuerdo con el planteo fiscal, en un suceso registrado a mediados de 2025, el hombre intimidó y atacó a su ex pareja frente al niño, lo que motivó que ambos huyeran del domicilio.

“La mujer golpeada y su hijo de 10 años caminaron durante tres horas con apenas un bolsito, hasta que llegaron a la ciudad de San Luis e hicieron la denuncia”, detalló Bringas durante el acto procesal.

Con posterioridad, el pequeño confesó ante su madre haber sufrido supuestos actos de abuso sexual mientras convivían. Este testimonio fue ratificado mediante una Cámara Gesell que ya forma parte del expediente.

La imputación también abarca dos violaciones a las medidas cautelares impuestas. Según la Fiscalía, el encartado se presentó en sitios donde se hallaban las víctimas, como la institución educativa del menor y un centro de salud, ignorando las prohibiciones vigentes.

Uno de estos sucesos tuvo lugar el 23 de septiembre de 2025. “Se acercó con su camioneta al lugar donde ambas víctimas estaban y les hizo gestos amenazantes con el dedo cerca del cuello, haciendo alusión a lo que les iba a pasar y que tantas veces ya les había dicho antes”, subrayó la fiscal.

Bringas y Boschi solicitaron 90 días de encierro preventivo alegando la severidad de los hechos, el peligro para las víctimas y el potencial entorpecimiento de la investigación en curso.

La representante de la Defensoría de Niñez, Belén Suárez, adhirió a la postura del Ministerio Público Fiscal, aunque pidió que el plazo de detención fuera de 120 días por el alto riesgo que corre el menor.

El sospechoso optó por no brindar declaración. Su abogada defensora, Eva Morel, rechazó la medida privativa de libertad, cuestionó las pruebas presentadas y argumentó que el hombre siempre estuvo a disposición de la Justicia, proponiendo como alternativa el arresto en su domicilio.

Dopazo concluyó que las pruebas expuestas por la parte acusadora eran sólidas y determinó que existía un riesgo procesal que no se podía mitigar con prisión domiciliaria sin supervisión electrónica, dado el historial de incumplimientos del imputado.

Por último, la jueza dispuso que el acusado sea alojado en el Servicio Penitenciario por un periodo de 90 días, dejando abierta la posibilidad de revaluar la resolución si existiera la chance de colocarle un dispositivo de monitoreo remoto.