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Un enfermero del PAMI recibió una sentencia de cuatro años y medio de cárcel por traficar fármacos hospitalarios

El sujeto, que obtenía de manera ilícita sustancias como fentanilo y bromuro de vecuronio de su lugar de trabajo para ofrecerlas online, quedó inhabilitado para ejercer la medicina.

Por Redacción
Era enfermero de PAMI, vendía fentanilo por redes sociales y fue condenado a cuatro años de prisión.
Era enfermero de PAMI, vendía fentanilo por redes sociales y fue condenado a cuatro años de prisión.

Un trabajador de enfermería que prestaba servicios en el Policlínico PAMI II de Rosario fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión. El imputado se dedicaba a la venta de fentanilo y bromuro de vecuronio —un potente paralizante neuromuscular empleado en anestesias generales—, además de otros fármacos de riesgo que obtenía ilegalmente de su centro de salud para promocionarlos a través de plataformas digitales.

De acuerdo con lo reportado por Fiscales.gob, Luis Emmanuel Benavidez aceptó una condena mediante un proceso abreviado por los delitos de venta de estupefacientes, comercialización de productos médicos peligrosos ocultando su naturaleza, hurto y posesión irregular de una pistola de uso civil. Asimismo, recibió una prohibición para desempeñarse en cargos públicos o como enfermero durante el mismo lapso que dura la pena privativa de la libertad.

El dictamen fue ratificado el 4 de septiembre por el juez federal Carlos Vera Barros, tras la confesión del acusado respecto a los cargos, las pruebas presentadas y la sanción acordada con el Ministerio Público Fiscal.

La causa se originó por la denuncia del progenitor de un hombre de 37 años que perdió la vida el 9 de agosto de 2023 tras ingerir diversas sustancias. El denunciante señaló directamente al sanitario como el proveedor del fentanilo y el bromuro de vecuronio, medicamentos que requieren administración hospitalaria.

La presentación judicial se radicó ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación en julio de 2025. El avance del expediente fue posible gracias al peritaje del teléfono del fallecido, el cual contenía mensajes y un registro en video grabado por su pareja que vinculaban a la víctima con Benavidez.

En los diálogos mantenidos por WhatsApp, el enfermero le comunicó al cliente que había conseguido bromuro de vecuronio, describiéndolo como un producto "dos veces más fuerte" que el fentanilo. También le ofreció dosis de fentanilo, presionándolo para cerrar la transacción de inmediato debido a que existía otro interesado.

Además, el mismo día del deceso, Benavidez le envió un audio de 17 segundos brindándole indicaciones sobre cómo suministrarse los fármacos y advirtiéndole sobre la posibilidad de una sobredosis.

Luego de esa comunicación, el enfermero intentó contactarlo sin éxito. Posteriormente, el hombre fue hallado sin vida en su domicilio, donde se encontraron una jeringa y un frasco de bromuro de vecuronio.

Las pesquisas confirmaron que Benavidez integraba el personal del Policlínico PAMI II desde 2014, trabajando desde 2016 en la Central de Materiales y Esterilización. Según la institución, el enfermero no tenía autorización para manipular ni resguardar medicamentos o estupefacientes.

El 30 de septiembre de 2025, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron allanamientos en la residencia del procesado en Rosario y en el hogar de sus padres en Concepción del Uruguay. En el domicilio rosarino se incautaron cuatro ampollas de fentanilo, 99 frascos de bromuro de vecuronio, casi un centenar de jeringas y diversos artículos médicos.

Asimismo, se decomisaron ampollas de adrenalina, otras drogas medicinales y un envoltorio con restos vegetales de apariencia similar al cannabis.

Los análisis de los lotes permitieron confirmar que tanto el fentanilo como el bromuro de vecuronio secuestrados procedían del Policlínico PAMI II. Específicamente, una partida de bromuro de vecuronio coincidía con la hallada junto al cuerpo de la víctima.

En la propiedad de los padres del condenado, las autoridades localizaron una pistola Bersa calibre .22, junto con un cargador y 51 balas. El Registro Nacional de Armas ratificó que Benavidez no contaba con la autorización necesaria para poseer armas.

Aunque la autopsia del fallecido no pudo determinar la causa exacta de muerte, no descartó un origen toxicológico. La justicia provincial había cerrado la investigación previamente debido a que el laboratorio forense carecía de la tecnología necesaria para detectar bromuro de vecuronio y valproato de sodio en muestras sanguíneas.

Durante el proceso, la fiscalía ratificó que Benavidez lucró con la venta de fármacos sustraídos del PAMI y confirmó la ilegalidad en la tenencia del arma.

Al momento de fijar la condena, el Ministerio Público consideró como agravantes la diversidad y volumen de las sustancias halladas, el robo de insumos médicos de su centro de trabajo y el abuso de su posición profesional, estableciendo como único atenuante la falta de antecedentes penales previos.

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