Conflicto legal en un gimnasio: una mujer demanda a sus socios por una inversión de $40 millones

Carina Vanesa Lucero formalizó una denuncia penal contra Darío Micarelli y Rocío Nieto, sus antiguos socios. La mujer afirma que ambos la excluyeron del emprendimiento comercial constituido para inaugurar una sucursal de la cadena de gimnasios Megaforce, situada en calle San Martín 462, en San Luis capital.

La denunciante relató que su vínculo con los acusados comenzó a inicios de año en el centro de entrenamiento de la calle Junín 756, donde concurría como alumna. Según Lucero, Micarelli le comentó en aquel entonces que buscaba expandir la marca con nuevos locales, pero que enfrentaba dificultades financieras tras el rechazo de un crédito bancario. Fue en ese contexto, estando desempleada y buscando destino para sus ahorros, que aceptó la propuesta de asociarse con él y Nieto para poner en marcha el proyecto de la calle San Martín.

Tras consolidar la inversión de $40 millones —reunidos entre sus fondos personales y asistencia familiar—, formalizaron el acuerdo mediante una escritura pública. Dicho convenio estipulaba que Lucero poseería la mitad de la participación accionaria, con voz en la toma de decisiones y control sobre las plataformas digitales.

El local abrió sus puertas el 4 de junio, pero las tensiones surgieron de inmediato. Según el relato de la mujer, Micarelli le exigió que se alejara alegando que su presencia perjudicaba la imagen del establecimiento, prometiéndole, no obstante, que le entregaría su parte de los beneficios. Posteriormente, la situación escaló hasta las amenazas, lo que derivó en la intervención de la Justicia, que dictó una orden de restricción de acercamiento en favor de ella durante un trimestre. Durante ese tiempo, Lucero asegura que fue marginada de la administración, sin acceso a la recaudación ni a los balances contables.

La mujer decidió emprender acciones legales por estafa, denunciando además ser víctima de una campaña de difamación en la que la culpan por la supuesta sustracción de $8 millones. Los malos tratos recibidos la forzaron a iniciar un tratamiento psicológico.

Uno de los ejes centrales de la presentación judicial es la sospecha sobre la gestión financiera. Lucero alega haber detectado la existencia de una "caja paralela", descubriendo que pagos de clientes del local de San Martín se derivaban mediante transferencias a un alias vinculado exclusivamente a la sucursal de la calle Junín, donde entrenarían cerca de 800 personas. La damnificada confía en que la investigación esclarezca estas irregularidades y culmine con el reintegro de su inversión original.

Por su parte, desde las cuentas oficiales de Megaforce emitieron un breve comunicado donde buscaron transmitir calma a su comunidad. La empresa informó que Lucero fue separada de la sociedad y subrayó que, debido a la instancia judicial abierta, se abstendrán de realizar declaraciones públicas sobre las acusaciones vertidas.