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Villa Mercedes

Indignación por la parálisis judicial en un caso de pornografía generada con IA

A pesar de que los peritajes identificaron al responsable, el proceso legal en Villa Mercedes se encuentra estancado, lo que motivó al representante legal de la joven damnificada a exigir la imputación formal del adolescente señalado.

Por Redacción
Poder Judicial de Villa Mercedes.
Poder Judicial de Villa Mercedes.

El letrado Santiago Olivera Aguirre considera que este expediente representa un hecho sin precedentes a nivel provincial. Su representada, una joven de Villa Mercedes, radicó una denuncia al descubrir que imágenes suyas habían sido alteradas mediante tecnología de Inteligencia Artificial para ser difundidas en un portal de contenido erótico. El abogado presentó un requerimiento para imputar al sospechoso, un menor de 16 años, bajo la figura de "lesiones graves agravadas" por enmarcarse en una situación de violencia de género.

El pedido fue elevado ante la Fiscalía N°1 de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores, bajo la supervisión de Nayla Cabrera Muñoz. El defensor enfatizó que la administración de justicia debe intervenir con rigor debido al daño irreparable y las secuelas psicológicas sufridas por la víctima, reclamando un fallo ejemplar que evite la impunidad.

La acusación señala que el joven empleó recursos de IA para transformar fotografías íntimas de la denunciante —de 18 años— y de sus amigas menores de edad, las cuales fueron extraídas de sus perfiles personales en redes sociales para luego ser subidas a una plataforma para adultos.

Según Olivera Aguirre, este constituye el caso más grave y relevante de manipulación mediante IA que se tiene registro en San Luis. Los rastreos digitales realizados por el área de Delitos Complejos, que permitieron localizar la dirección IP, el correo electrónico y los equipos empleados para las publicaciones, direccionaron la investigación hacia el domicilio del denunciado, lo que derivó en una orden de allanamiento.

Aunque el material fotográfico no fue hallado físicamente durante las inspecciones técnicas, el abogado sostiene que la evidencia digital es contundente respecto al origen de la carga y el responsable. Se sospecha que el imputado tuvo oportunidad de eliminar los archivos de sus dispositivos una vez que el caso se volvió público.

El letrado subrayó que el menor es plenamente punible y reveló que el agresor se mostraba como un amigo cercano de la joven, incluso fingiendo protegerla mientras ejecutaba los ataques. El caso se encuentra bajo la órbita de la jueza Penal, Juvenil y Contravencional, Antonella Panero.

Tanto Andrea Bringas, madre de la afectada, como su abogado, resaltaron que el trauma provocado ha obligado a la joven a someterse a tratamientos psicológicos y farmacológicos.

En este marco, el abogado arremetió contra la fiscalía especializada, denunciando que se rechazó realizar una pericia psicológica oficial, forzándolos a presentar un informe de parte, además de denunciar que múltiples presentaciones judiciales no fueron atendidas.

“Ni siquiera protegen a la víctima, ni siquiera toman dimensión del daño que tiene”, manifestó, exigiendo una postura institucional firme para impedir que estos delitos digitales se vuelvan moneda corriente o queden sin sanción.

El hecho salió a la luz cuando la víctima y otras damnificadas fueron alertadas por terceros sobre la existencia de imágenes suyas desnudas en un sitio web, desencadenando una crisis de angustia. Tras la denuncia, la primera resolución fue ordenar la eliminación del contenido de internet mientras se avanzaba con la pesquisa.

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