Dictan el procesamiento de Roberto Baratta por presunto enriquecimiento ilícito

De acuerdo con lo informado por fuentes del ámbito judicial, el magistrado Julián Ercolini dictó el procesamiento de Roberto Baratta en el marco del expediente que indaga su posible enriquecimiento indebido.

En su resolución, el juez a cargo del Juzgado Federal N° 12 sostuvo que el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal habría experimentado un crecimiento patrimonial desmedido e inexplicable durante los años 2003 y 2017, etapa en la que se desempeñó dentro de la administración pública nacional.

Para Ercolini, dicho incremento carece de respaldo legal al contrastarlo con sus percepciones salariales. Según el magistrado, los balances financieros reflejan saldos deficitarios en los años 2005, 2008, 2010 y de forma continua entre 2012 y 2017, acumulando una cifra total de 4.678.496,90 pesos que no se condice con los ingresos lícitos declarados por el imputado.

El juez remarcó que existe una contradicción notoria entre los caudales económicos notificados y los gastos registrados en la causa. El fallo detalla que la presunta acumulación de riqueza se habría ejecutado mediante la compra de vehículos y propiedades, tanto a su nombre como a través de testaferros cercanos, así como mediante la posesión de montos elevados de divisas extranjeras en efectivo.

Entre las irregularidades destacadas figura la compra de un terreno en el barrio cerrado Mapuche, ubicado en Pilar, por 70.000 dólares pagados en efectivo, sobre el cual se edificó una residencia de gran envergadura valuada en 3,7 millones de pesos, financiada en gran medida mediante cuotas abonadas en moneda nacional y extranjera.

El documento judicial argumenta que la posesión de este inmueble fue ocultada al inscribirlo a nombre de Marta Rosa Girola, madre del procesado. Según el expediente, Baratta habría utilizado a su familiar como persona interpuesta para encubrir la transacción y los costos de construcción, formalizando luego la transferencia mediante una supuesta donación a su favor.

Al presentarse a declarar, el exfuncionario había desestimado las acusaciones, asegurando que su patrimonio fue obtenido legalmente y que la mansión en cuestión formaba parte de un emprendimiento familiar destinado al esparcimiento y descanso de sus padres. Finalmente, junto con el procesamiento, el magistrado dispuso un embargo sobre los bienes del exfuncionario por un total de 1.500 millones de pesos.