La Cámara de Diputados provincial otorgó este miércoles media sanción a la ley que implementa el Plan Maestro del Agua 2026-2036, destinado a promover el desarrollo sustentable, humano y económico en San Luis. El expediente, que contaba con el aval de las comisiones de Obras Públicas, Economía y Finanzas, deberá ahora ser debatido en el recinto del Senado.
La propuesta, elevada por el Poder Ejecutivo bajo la firma de Claudio Poggi, obtuvo el visto bueno con 24 votos afirmativos provenientes del oficialismo y sus aliados, frente a 11 sufragios negativos de la oposición.
Se trata de un esquema de planificación diseñado para la próxima década, que sistematiza el estado actual de la infraestructura y define diversas etapas operativas para asegurar el suministro a las distintas localidades. El documento completo abarca más de 370 páginas integradas por cinco anexos.
La meta principal es optimizar la administración del recurso. Para ello, el plan analiza la disponibilidad real de agua, sus usos, los niveles de pérdida y los requerimientos de mantenimiento. Bajo este diagnóstico, el proyecto propone consolidar la “seguridad hídrica” como el pilar fundamental de la gestión del sector.
La iniciativa no solo contempla el acceso al agua, sino también la creación de instituciones, obras y herramientas que permitan afrontar situaciones críticas como inundaciones, sequías o fallas estructurales.
La presidenta de la Comisión de Finanzas, Eugenia Gallardo, perteneciente al bloque Ahora San Luis, expuso los alcances del proyecto y sostuvo que representa un rumbo definido para el crecimiento provincial, considerando que el agua es un recurso escaso y estratégico.
La legisladora destacó que este tipo de planificación brinda previsibilidad, transparencia y seguridad jurídica, funcionando como una política de Estado que trasciende los mandatos gubernamentales.
La diputada Eugenia Gallardo de Ahora San Luis expuso los lineamientos. (Foto prensa Diputados).
Gallardo subrayó además el beneficio para el sector privado, ya que permitirá que las empresas interesadas en invertir tengan datos precisos sobre la gestión y disponibilidad del recurso. Asimismo, consideró que la norma eleva la calidad institucional al dejar atrás decisiones improvisadas en favor de una gestión formal y proactiva.
Sobre la elaboración del texto, la diputada detalló que se llevaron adelante más de 200 entrevistas y 65 asambleas territoriales con diversos actores, entre los que figuran la UNSL, el INTA, el Conicet, Senasa y representantes municipales.
El proyecto también contó con el asesoramiento técnico del Consejo Federal de Inversiones (CFI), herramienta que fue calificada como fundamental para el diseño de políticas públicas.
El esquema de trabajo comprendió fases diagnósticas y prospectivas desarrolladas a lo largo de cinco meses, culminando en la definición de prioridades y líneas de acción estratégicas ante las brechas detectadas.
Uno de los pilares técnicos es el balance hídrico, que busca determinar con exactitud el volumen de ingreso por lluvias, las pérdidas del sistema y la capacidad de reserva, con el fin de cuantificar las necesidades de demanda y la recarga de acuíferos.
