La Lista 3 “Unidad en Defensa de la Abogacía” presentó sus iniciativas en San Luis

La letrada Claudia Sarmiento expuso las bases programáticas de la Lista 3, “Unidad en Defensa de la Abogacía”, ante colegas puntanos. El encuentro, desarrollado en formato de conferencia de prensa y reunión de trabajo, permitió intercambiar opiniones sobre el presente de la Justicia Federal.

El evento tuvo lugar este jueves por la tarde en el Hotel Visit, reuniendo a abogados locales. Este espacio, que busca representar al sector en las elecciones del 20 de octubre ante el organismo nacional, es encabezado por Alberto “Nacho” Biglieri y cuenta con el respaldo de Ricardo Gil Lavedra, el ex integrante de la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares.

Sarmiento recorre diversas provincias para dialogar con sus pares y sumar voluntades para la contienda electoral. Según la abogada sanjuanina, con vasta experiencia en el ámbito público e institucional, la sociedad observa a la Justicia con profunda desconfianza.

Bajo este diagnóstico, el grupo propone ejes clave: idoneidad y mérito en la designación de jueces, transparencia, independencia judicial, mejora del servicio, rendición de cuentas, modernización tecnológica y una formación plural y federal.

Los abogados de la Lista 3 junto a Ricardo Gil Lavedra. (Foto: Marcelo Lacerda)

La referente señaló que los litigantes son quienes sufren diariamente la lentitud del sistema, las deficiencias edilicias, la falta de tecnología y la disparidad en la regulación de honorarios según el tribunal interviniente.

Para la postulante, estas problemáticas deben tratarse en el Consejo de la Magistratura recolectando las vivencias de los profesionales de cada rincón del país. Aunque admitió que hay matices regionales, resaltó que existen desafíos compartidos que requieren soluciones institucionales concretas.

El Consejo de la Magistratura, organismo donde se seleccionan jueces y se ejerce la administración del Poder Judicial, resulta clave para el grupo. Su composición incluye al presidente de la Corte Suprema, un representante del Poder Ejecutivo, académicos, abogados, jueces y legisladores.

Sarmiento enfatizó que el objetivo es canalizar los relevamientos realizados en todo el territorio para que los problemas sean abordados con seriedad, manteniendo un compromiso de transparencia y honestidad frente a los colegas.

La nómina está liderada por Alberto “Nacho” Biglieri y Claudia Sarmiento, junto a Nazario Eduardo Bittar y María Jazminka Diana Mihaljevic como titulares. Los suplentes son Carlos Esteban Mas Vélez, Ana Silvia Ruiz O’Neill, Guillermo Martín Lipera y Carolina Andrea Grillo.

Sobre los cambios en los concursos, la candidata propuso reducir la discrecionalidad mediante criterios predecibles. Un punto central es equiparar el valor de la trayectoria de los litigantes con la de los funcionarios judiciales.

Asimismo, mostró alarma por el bajo índice de abogados litigantes en los concursos, que apenas alcanza el 5%, frente al predominio de miembros de la carrera judicial. Sarmiento defendió la mirada diferencial que aporta el ejercicio libre de la profesión.

En cuanto a la modernización, planteó avanzar en la implementación responsable de la inteligencia artificial, alejándose de debates estériles para enfocarse en su utilidad bajo supervisión humana, con el fin de agilizar trámites y reducir plazos.

Finalmente, destacó que el compromiso central de la lista radica en defender la dignidad de la labor profesional, no como un privilegio, sino como un pilar fundamental.

Las siete propuestas de la Lista 3:

1. Mérito e igualdad: Promover concursos objetivos y transparentes que garanticen equidad entre abogados litigantes y funcionarios de carrera.

2. Independencia y ética: Defender a los jueces de presiones y asegurar el cumplimiento de sus deberes mediante códigos de ética y procesos disciplinarios ágiles.

3. Defensa profesional: Atender las dificultades en el acceso a la justicia y fortalecer el vínculo con instituciones de todo el país.

4. Rendición de cuentas: Obligación de los consejeros de transparentar sus votos y fundamentos.

5. Evaluación de desempeño: Uso de estadísticas públicas para analizar el funcionamiento de los tribunales.

6. Modernización: Implementar tecnología e inteligencia artificial de manera responsable para simplificar procedimientos.

7. Formación judicial: Impulsar estándares académicos de excelencia que sean plurales, federales y abiertos.