Washington imputa a Nicolás Maduro y Cilia Flores por presunta conspiración para aplicar torturas

Una reciente presentación ante una corte federal de Manhattan añadió un cargo formal contra Maduro y Flores, señalándolos por conspirar para perpetrar actos de tortura. El Ministerio Público sostiene que ambos hicieron uso de su jerarquía gubernamental para reprimir a quienes percibían como opositores a su gestión en Venezuela.

El escrito judicial detalla episodios específicos. Los fiscales alegan que, en 2013, Maduro instruyó la captura de un oficial militar ante sospechas de un posible alzamiento. Según el relato, agentes de la DGCIM lo habrían sometido a sesiones de tormento que incluyeron descargas eléctricas y la suspensión prolongada de sus extremidades.

Asimismo, la Fiscalía expuso el caso de un ciudadano de nacionalidad estadounidense que fue privado de su libertad en suelo venezolano en 2022. Se detalla que fue señalado por planificar un atentado contra Maduro y, durante su reclusión, habría sido víctima de golpes y electrocuciones en diversas zonas de su cuerpo.

Este nuevo cargo complementa las imputaciones por narcotráfico que pesaban sobre la pareja tras ser aprehendida por efectivos de EE. UU. en Caracas el 3 de enero, en un contexto marcado por ataques aéreos sobre la capital. Aquel operativo marcó el final de la gestión de 13 años de Maduro, tras lo cual Delcy Rodríguez asumió el mando mientras se fortalecían los vínculos diplomáticos con Washington.

Tanto el exmandatario como Flores se han declarado inocentes de los delitos vinculados al tráfico de drogas y permanecen recluidos en Brooklyn, aguardando el inicio del juicio estipulado para junio de 2027.

En paralelo, la defensa de Cilia Flores solicitó una audiencia para pedir que se le conceda el beneficio de prisión domiciliaria argumentando problemas de salud. Sus representantes legales plantean que necesita una intervención cardiovascular y un período de recuperación bajo estricta supervisión en una propiedad neoyorquina, con gastos solventados por el Estado venezolano.

Sin embargo, los fiscales se oponen a este pedido, argumentando un alto peligro de evasión y posibles amenazas contra testigos. Aseguran que la detenida ya ha tenido acceso a asistencia sanitaria dentro del centro carcelario. Si Flores es hallada culpable de los cargos actuales, podría enfrentar una sentencia mínima de 40 años tras las rejas.

Este nuevo giro legal profundiza el caso original, desplazando el foco desde el narcotráfico hacia la utilización de la tortura como una herramienta de dominio político. No obstante, al tratarse de acusaciones que aún requieren ser validadas en sede judicial, los imputados continúan negando su responsabilidad en los hechos mientras avanza el proceso hacia el año 2027 y el país transita un panorama político transformado tras la caída del régimen. (France 24)