La administración nacional busca revertir la sentencia sobre fondos universitarios

La administración central elevó un recurso judicial para impugnar la resolución que invalidó el decreto que restringía la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual compelía al Estado a acatar la normativa vigente.

La impugnación, impulsada por el Ministerio de Capital Humano y cuya documentación fue obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, desestima la postura del magistrado Martín Cormick. La cartera sostiene que la anulación del Decreto 759/2025 les ocasiona un perjuicio que no puede ser reparado.

Para las autoridades, el fallo conlleva consecuencias institucionales severas, al imponer la aplicación de la ley bajo lo que califican como una lectura parcializada y caprichosa del marco presupuestario, omitiendo responder a los argumentos fundamentales planteados por la representación estatal.

En el marco de este conflicto académico, Juan Grabois increpó a la ministra Sandra Pettovello, calificándola de "fanática de los desacatamientos judiciales".

Por su parte, el Ejecutivo advirtió que la ejecución de la ley supone impactos financieros de gran escala que pondrían en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, argumentando además que no se especificó un origen de fondos concreto ni suficiente para solventar dicho gasto.

El equipo de Pettovello cuestionó la legitimidad del amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA, señalando que dicha herramienta legal resulta inapropiada para dirimir una disputa que demanda precisiones sobre montos, origen de fondos y alcances legales específicos.

Respecto a la disponibilidad de capital, insistieron en que el cumplimiento dañaría el superávit fiscal. Argumentaron que la Ley 24.629 debe ser articulada con las normativas 24.156 y 27.798, que rigen la autorización y el despliegue del gasto público estatal.

“Si los incrementos en el gasto deben cubrirse mediante ajustes, ello conlleva forzosamente una quita en los créditos asignados a otros sectores”, recalcaron. Bajo este argumento, sostuvieron que la Ley de Financiamiento Universitario obligaría a modificar el 90,30% de las partidas destinadas a gastos primarios de la Nación.

Asimismo, afirmaron que mantener la sentencia lesionaría la independencia de poderes al forzar al Poder Ejecutivo a ejecutar desembolsos sin haber verificado su concordancia con las leyes de administración financiera y de Presupuesto actualmente en vigor.

De este modo, el Gobierno intenta dejar sin efecto el dictamen que sentenció la inconstitucionalidad parcial del Decreto 759/2025 y postergar los plazos de aplicación, en un contexto marcado por los pedidos del ámbito universitario para obtener las partidas presupuestarias y avanzar en las negociaciones salariales del personal docente y no docente. (NA)