Presupuesto para universidades: la Justicia aceptó la apelación estatal pero mantiene vigente la orden de cumplir la ley

El magistrado Martín Cormick accedió a la solicitud del Gobierno nacional para apelar el fallo que respaldaba la Ley de Financiamiento Universitario. No obstante, ratificó la vigencia de la medida cautelar que exige a la administración central ajustarse a lo establecido por dicha normativa.

El responsable del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 formalizó el trámite, dejando ahora en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la decisión de ratificar o anular la sentencia inicial.

Pese a lo anterior, y según consta en el documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Cormick dictaminó que se mantendrá el procedimiento para ejecutar la cautelar activa. Esta disposición exige al Ejecutivo destinar fondos para la operación de las casas de altos estudios, la actualización de salarios del personal docente y no docente, y el ajuste de los programas de becas estudiantiles.

Previamente, el Ministerio de Capital Humano había impugnado la sentencia del juez al argumentar que esta provocaba un “agravio concreto” de alta relevancia institucional y ponía en riesgo la estabilidad fiscal.

Dentro de los argumentos presentados, el Ejecutivo sostuvo que la aplicación de la ley conlleva “repercusiones presupuestarias considerables” que ponen en peligro la salud de las cuentas públicas, dado que la normativa carece de una fuente de recursos definida y adecuada para costear su implementación.

De acuerdo con el texto, los funcionarios señalan que la Ley de Financiamiento Universitario obligaría a realizar “reasignaciones” de partidas equivalentes al 90,30% del presupuesto destinado a gastos primarios de la administración nacional.

Finalmente, desde el Gobierno subrayaron que la Ley 24.629 debe analizarse en sintonía con las leyes 24.156 y 27.798, las cuales dictan las reglas para la autorización y ejecución de los fondos estatales. (NA)