Colegio privado deberá pagar una indemnización tras un accidente químico que dejó a una alumna con secuelas permanentes

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 51° Nominación de Córdoba falló contra un colegio privado tras determinar su responsabilidad en las lesiones sufridas por una alumna de secundaria, provocadas por la manipulación irresponsable de alcohol por parte de una compañera en una clase de química.

El incidente ocurrió en el marco de una experiencia de laboratorio conocida como "la serpiente del faraón", la cual requiere el uso de sustancias inflamables para generar una estructura carbonizada con forma de reptil.

Durante el ejercicio, una alumna añadió alcohol a la mezcla, provocando un estallido de fuego que impactó directamente a la víctima, causándole quemaduras de gran severidad en diversas zonas de su cuerpo.

La joven, que tenía 17 años al momento del accidente, debió ser ingresada en cuidados intensivos durante 70 días y fue sometida a múltiples operaciones, incluyendo limpiezas quirúrgicas y trasplantes de piel, además de un largo periodo de recuperación. Como resultado, la adolescente sufrió una incapacidad psicofísica de carácter definitivo.

El magistrado Gustavo Massano determinó que el vínculo entre el establecimiento y las familias representa un "contrato de consumo", bajo los términos del artículo 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde el centro educativo actúa como proveedor y la alumna como destinataria final del servicio.

En cuanto a la defensa presentada por el colegio y su aseguradora, ambos intentaron desligarse del hecho argumentando que la culpa fue exclusivamente de la estudiante que manipuló el alcohol. Sin embargo, el juez rechazó este planteo, enfatizando que los alumnos están bajo el deber de custodia de la escuela y que el comportamiento imprudente de adolescentes es una contingencia previsible para cualquier institución educativa.

El fallo subraya que, dado que el uso de fuego y alcohol es una actividad de riesgo, el colegio falló en su deber de seguridad. Las pericias demostraron que el laboratorio carecía de elementos de protección adecuados y que el establecimiento no cumplió con sus propios protocolos de seguridad.

Finalmente, el tribunal cuestionó la falta de supervisión, señalando que una única docente debía monitorear a varios grupos simultáneamente, sin asistencia técnica y sin haber verificado previamente los elementos que los alumnos utilizaban para el experimento.