Najmeh Amini, una joven iraní de 23 años que cursaba estudios de contabilidad, recibió una condena a muerte dictada por el sistema judicial de Irán debido a publicaciones en redes sociales calificadas como blasfemas. Actualmente, se encuentra recluida en la cárcel de Vakilabad, situada en Mashhad, al noreste del territorio, sumando además otra pena de cárcel superior a los 12 años en un proceso judicial paralelo.
Este fallo judicial ha generado una ola de críticas por parte de defensores de los derechos humanos a nivel global, quienes denuncian que la ejecución se utiliza como un mecanismo para censurar voces opositoras y reprimir el derecho a la libre expresión.
La joven fue procesada bajo el cargo de "sab ol-nabi", figura legal que sanciona las ofensas dirigidas contra el profeta Mahoma. Si bien el tribunal dictaminó la pena máxima, el veredicto aún no es definitivo, ya que la defensa tiene la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema iraní.
Amini fue arrestada durante el auge de las movilizaciones contra el Gobierno que tuvieron lugar a comienzos de 2026. Desde aquel momento, ha permanecido en manos de las autoridades, enfrentando distintos juicios por sus posteos y por supuestos actos que atentan contra la seguridad del Estado.
En septiembre, desde su lugar de encierro, la joven hizo circular una grabación de audio suplicando por apoyo internacional y manifestando su pavor ante la inminencia de la ejecución.
La investigación sobre la estudiante comenzó a partir de una intervención de la unidad FATA, el departamento de policía cibernética encargado de vigilar las interacciones en la web, al considerar que ciertos comentarios de Amini eran agraviantes hacia figuras centrales del islam chiita.
El veredicto fue emitido por la Sala Sexta del Tribunal Penal de Jorasán Razaví, a cargo del juez Javad Asian-Yazd, quien sentenció a la joven a la pena capital por blasfemia.
Durante el proceso, la defensa sostuvo que los mensajes no fueron emitidos de manera consciente. Amini alegó haber consumido setas alucinógenas, argumentando que escribió tales frases bajo los efectos de esas sustancias sin intención real de ofender. Su abogado defendió la teoría del desliz involuntario, buscando exculparla de una mala intención deliberada.
El tribunal, sin embargo, desestimó esta versión. El magistrado cuestionó por qué la joven, bajo el efecto de estupefacientes, no atacó a otros enemigos del Estado, como Israel o Estados Unidos, y puso en duda su capacidad de elegir voluntariamente la plataforma digital si hubiera estado alterada.
