El primer mandatario puntano, Claudio Poggi, encabezó un encuentro destinado a organizar la puesta en marcha del Régimen Penal Juvenil en la jurisdicción. Durante la jornada, de la que participaron autoridades de los ministerios Público Fiscal, de la Defensa, legisladores y funcionarios, el jefe del Ejecutivo formalizó el proyecto de ley para ajustar el proceso penal juvenil, además de firmar el decreto de homologación para remodelar los Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf) y el llamado a licitación para adquirir media docena de vehículos no rotulados destinados a estas áreas.
La jornada se organizó en cuatro ejes temáticos donde miembros de los tres poderes estatales analizaron los cambios derivados de la baja en la edad de imputabilidad a nivel nacional y las adecuaciones que requiere el territorio sanluiseño.
El gobernador Claudio Poggi durante la firma del proyecto de ley. (Foto ANSL)
Al respecto, Poggi destacó la relevancia de un trabajo conjunto y coordinado. “Somos parte de un mismo Estado y nuestra responsabilidad como servidores públicos nos obliga a articular acciones, especialmente frente a normativas nacionales nuevas que también impactan en San Luis”, puntualizó.
El gobernador remarcó que esta cooperación debe respetar la autonomía de cada poder. “La ciudadanía exige una articulación que no altere la independencia de los poderes. Pondremos toda la voluntad política para asegurar un buen inicio de este régimen, que es un desafío novedoso para todos”, aseveró.
El mandatario ratificó que el Poder Ejecutivo enviará una propuesta para alinear los procedimientos provinciales con la legislación vigente. Asimismo, detalló que se realizarán obras de infraestructura en los Canaf, se incorporarán unidades móviles y se brindarán capacitaciones específicas a los equipos encargados de la ejecución del nuevo sistema.
Los derechos y las garantías en el nuevo régimen
El primer panel contó con la participación de Eduardo Cadelago Filippi, procurador General, y Marcela Torres Cappiello, defensora General, quienes analizaron la Ley Nacional 27.801.
Cadelago Filippi sostuvo que la reforma excede la modificación del rango etario para la imputabilidad, ya que establece parámetros claros de protección para los adolescentes. “No se trata solo de bajar la edad, sino de otorgar derechos: el adolescente bajo proceso debe saber cómo será tratado, bajo qué principios, plazos y medidas”, detalló.
El procurador mencionó que el Ministerio Público Fiscal ya diseñó un protocolo de actuación que unifica las directivas para los fiscales, conforme a las exigencias de la nueva ley.
