Fallo judicial obliga al Banco Provincia a compensar a una clienta víctima de un fraude informático

La justicia ratificó una sentencia que obliga al Banco Provincia a abonar una indemnización de 5 millones de pesos a una mujer de 40 años, residente en La Plata, quien fue víctima de un robo digital tras intentar gestionar un reclamo por facturación a través de plataformas virtuales.

De acuerdo con lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata confirmó el fallo que dispone el pago de 3 millones de pesos por daño moral y 2 millones en concepto de daño punitivo. Asimismo, la entidad financiera deberá devolver los 1.661 dólares que fueron sustraídos, sumando un interés anual del 6%. Los magistrados desestimaron la apelación del banco, argumentando que sus sistemas de protección y detección de transacciones anómalas fueron deficientes.

La composición del monto indemnizatorio responde a dos factores clave: los 3 millones por daño moral reflejan la angustia por perder sus ahorros y el desgaste de tres años de gestiones, mientras que los 2 millones por daño punitivo responden a la falla de la entidad en sus protocolos de seguridad y a su gestión deficiente ante el suceso.

El fraude se originó el 9 de noviembre de 2022. La afectada, tras buscar ayuda por un inconveniente con su servicio telefónico, fue redirigida desde WhatsApp a un perfil falso en Twitter que simulaba ser atención al cliente. Bajo la falsa premisa de configurar un débito automático, los delincuentes le solicitaron el token de seguridad y sus claves de acceso al home banking.

Creyendo que seguía un proceso oficial, la damnificada entregó sus credenciales y códigos de validación dos veces. Los atacantes aprovecharon esta información para liquidar sus tenencias en moneda extranjera y derivar los fondos a terceros, sumando además débitos por 278.500 pesos.

Aunque la mujer detectó los movimientos a las 10:07 y contactó a la institución bancaria a las 10:15, cuando las operaciones aún estaban en curso, el banco no impidió el desvío del dinero. Por ello, la justicia remarcó que una intervención rápida de la entidad podría haber frenado el accionar de los ciberdelincuentes.

En el expediente se corroboró que las maniobras se ejecutaron en un lapso de 15 minutos desde una dirección IP en Córdoba, moviendo el dinero hacia cuentas sin vínculos previos con la víctima. Los análisis técnicos expusieron que no existieron alertas automáticas ni bloqueos preventivos ante el comportamiento inusual de la cuenta.

Los jueces subrayaron que, aunque la víctima fue engañada para entregar sus claves, esto no exime de responsabilidad al banco, que tiene el deber de poseer sistemas capaces de detectar y detener estafas. También se destacó la celeridad de la mujer al denunciar el hecho y la actitud evasiva del banco al desestimar su reclamo inicial.

La resolución, que sostiene el dictamen de primera instancia emitido el 30 de abril de 2026, impuso al Banco Provincia el pago de las costas del proceso. La decisión se fundamenta en la falta de mecanismos eficaces para identificar transacciones sospechosas, la ausencia de bloqueos automáticos y la insuficiencia de los controles de seguridad para validar la identidad de quienes operaban con las cuentas de destino.