Los Kirchner buscan evitar la presencia física en el proceso oral por Los Sauces

La exmandataria Cristina Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, presentaron un pedido ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) este lunes para ser exceptuados de concurrir personalmente a las sesiones del juicio oral vinculado a la firma Los Sauces, en el cual enfrentan cargos por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

La apertura del juicio está programada para este viernes a las 10:00, a la espera de que la Cámara de Casación defina si el expediente debe fusionarse con la causa Hotesur, lo que derivaría en un proceso unificado.

El TOF 5, compuesto por los magistrados Fernando Machado Pelloni, Adriana Palliotti y José Michilini, había determinado previamente que las audiencias debían desarrollarse estrictamente de forma presencial.

Mientras tanto, el proceso por Los Sauces continúa su curso autónomo con fecha de inicio para el cierre de esta semana. Se trata de la instancia judicial inaugural en la que Máximo Kirchner deberá enfrentar cargos, al ser identificado como supuesto organizador de una banda dedicada al lavado de dinero, mientras que a su madre se le atribuye el rol de cabecilla.

La causa examina las actividades de la inmobiliaria de la familia, cuyos principales clientes fueron los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. De acuerdo con la imputación, estos individuos generaron casi la totalidad de los ingresos de una firma que carecía de oficinas comerciales y que nunca alteró la cantidad de propiedades disponibles para arrendar.

La línea investigativa sugiere que la empresa funcionaba como un simulacro comercial. Entre 2009 y 2016, la sociedad facturó poco más de 25,9 millones de pesos a compañías vinculadas a Báez y al Grupo Indalo, lo que equivale a casi el 88% de sus ingresos totales. Aproximadamente 18,5 millones provinieron del consorcio de López y Fabián De Sousa, mientras que unos 7 millones fueron aportados por el entorno de Báez; según los investigadores, estos montos habrían sido retornos ilegales por contratos de obra pública.

Asimismo, la fiscalía sostiene que los integrantes de la sociedad realizaron retiros de fondos superiores a los 10 millones de pesos y dispusieron de diversas propiedades de forma gratuita. Los delitos que se persiguen son lavado de dinero y asociación ilícita.

Uno de los bienes más relevantes en la causa es el dúplex localizado en el Madero Center, en la zona de Puerto Madero, incluyendo sus respectivas plazas de garaje. Dicha propiedad fue utilizada por López mediante las firmas Alcalis de la Patagonia e Inversora M&S.

Conforme a las actuaciones judiciales, se desembolsaron cerca de 1,7 millones de dólares entre 2012 y 2017 por ese alquiler, aunque una pericia posterior reveló que el valor real en el mercado inmobiliario era inferior a la mitad de lo que se había establecido en el contrato.