Condenado a tres años de cárcel en suspenso por retener y atacar a su exnovia

Un sujeto recibió una pena de tres años de ejecución condicional por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y resistencia a la autoridad, cometidos contra su antigua pareja en un inmueble de la capital puntana.

El fallo fue emitido por la magistrada Yanina Del Viso, perteneciente al Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, luego de que el procesado se declarara culpable y aceptara el convenio de juicio abreviado.

La damnificada también dio su consentimiento para que el proceso judicial finalizara de esta manera, con el castigo pactado entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal.

El suceso se desarrolló entre los días 2 y 3 de enero de 2018. Conforme a lo expuesto por la fiscal de Género Nº 2, Antonella Córdoba, el encausado interceptó a la mujer en la intersección de Centenario y Riobamba, obligándola a dirigirse a su vivienda bajo amenazas de violencia física.

Al llegar al domicilio, el agresor le arrebató el teléfono y comenzó a golpearla con sus puños y utilizando un palo de escoba en brazos y piernas, manteniéndola encerrada contra su voluntad durante horas.

Aproximadamente a las 5 de la mañana del 3 de enero, el aviso de los vecinos al 911 permitió que la policía asistiera al lugar, donde encontraron a la mujer visiblemente golpeada y en un estado crítico de nerviosismo.

Ante la presencia de los agentes, el sujeto intentó darse a la fuga y se enfrentó físicamente a los oficiales con golpes y patadas antes de ser finalmente neutralizado.

Durante la vista de la causa, la fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo la denuncia original, los certificados médicos de las lesiones, los informes policiales y las declaraciones de los testigos del incidente.

La fiscal encuadró el episodio como una privación ilegítima de la libertad agravada por violencia en concurso real con resistencia a la autoridad, solicitando la pena de tres años de prisión en suspenso.

El 17 de octubre, la Fiscalía mantuvo un encuentro con la víctima para detallarle las implicancias del juicio abreviado. La mujer expresó su acuerdo con la resolución, señalando que no habían existido nuevos hechos de violencia y aclarando que el agresor es padre de sus hijos y que ambos viven actualmente distanciados.

Para el acuerdo también se consideró una evaluación de riesgo del 16 de octubre, que analizó los factores de violencia del imputado, señalando que el consumo de sustancias psicoactivas había exacerbado patrones conductuales dañinos.

La abogada defensora, Gabriela Gargiulo, avaló la propuesta fiscal. El imputado reconoció los cargos y afirmó estar realizando un tratamiento terapéutico ambulatorio, para lo cual había tramitado un permiso laboral.

Luego de una pausa para evaluar la propuesta, la jueza Del Viso convalidó el acuerdo. Se impusieron reglas de conducta por dos años, incluyendo el deber de fijar domicilio, la obligatoriedad de continuar con su terapia y la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas.

Bajo este esquema, el individuo no irá a la cárcel salvo que incumpla con las medidas dictadas por el tribunal. En las actuaciones participaron también Ángeles Bustos, en calidad de pasante de la Universidad Católica de Cuyo, junto a la fiscal Córdoba.