La Cámara Alta de San Luis otorgó sanción definitiva a dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo provincial, liderado por Claudio Poggi. El propósito central de las normas es brindar asistencia a los hogares ante la crisis económica, fomentar el gasto interno y potenciar mecanismos de inversión y progreso productivo.
La primera medida consiste en el Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar, diseñado para facilitar la regularización de compromisos financieros mediante opciones de pago más accesibles. La segunda iniciativa crea un esquema legal para modernizar el ámbito financiero mediante la incorporación de tecnología que impulse el crecimiento local.
El legislador Martín Olivero (Ahora San Luis) detalló que el plan de desendeudamiento está dirigido a quienes acrediten dos años de residencia permanente en la provincia y posean deudas como consumidores ante bancos o entidades crediticias.
Para aplicar a este beneficio, los interesados deberán registrar una mora superior a los 90 días desde la promulgación de la ley, siempre que el monto no exceda el límite definido por la reglamentación.
Las organizaciones que participen deberán ofrecer mejores condiciones que las del mercado habitual, tales como descuentos en intereses, quitas sobre el capital, bonificaciones por puntualidad, plazos más extensos y otros mecanismos que faciliten el pago.
El senador Martín Olivero, explicó los alcances del programa para desendeudar a las familias de San Luis. (Foto: Marcelo Lacerda)
La normativa permite además consolidar deudas con diversas firmas y sumar aquellas relacionadas con servicios públicos provinciales, de acuerdo a lo que especifique la normativa reglamentaria.
Un aspecto fundamental son las facilidades de pago: los planes deberán ofrecer una amortización mínima de 24 meses, un período de gracia de al menos dos meses y una tasa de interés nominal anual que no exceda en 10 puntos porcentuales a la tasa mayorista (Tamar) bancaria.
Asimismo, se garantizó que los pagos mensuales no superen el 30% del salario total del grupo familiar.
Tras alcanzar el acuerdo, las entidades deben actualizar el estado del usuario en los registros de deudores y tienen prohibido cargar honorarios, comisiones o gastos extras.
