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Tras pasar 13 años prófugo por abusos, fue hallado en San Luis y liberado a los pocos días

Jorge Osmar Montes de Oca permanecía escondido con identidad apócrifa y negocios de zapatos, pero pese a haber sido capturado tras una investigación privada, un fallo sobre la prescripción de la causa le permitió recuperar la libertad. El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires deberá resolver ahora la situación procesal.

Por Redacción
Estuvo 13 años prófugo por abuso, dos abogados lo encontraron, pero la Justicia lo liberó a los cuatro días.
Estuvo 13 años prófugo por abuso, dos abogados lo encontraron, pero la Justicia lo liberó a los cuatro días.

Un hombre denunciado por abusar sexualmente de su hija durante su niñez se mantuvo evadido de la justicia por más de una década hasta que fue descubierto en territorio puntano. Según los allegados a la damnificada, el sujeto llevaba una vida pública como comerciante utilizando una identidad falsa, pese a tener vigente una orden de detención nacional e internacional. Tras su aprehensión, obtuvo la libertad en menos de una semana gracias a un recurso presentado por sus defensores.

El imputado es Jorge Osmar Montes de Oca, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. El proceso legal se inició en febrero de 2009 en La Plata, a raíz de la revelación de Florencia Montes de Oca, quien al cumplir 14 años confesó a su madre haber sido víctima de vejaciones por parte de su padre biológico entre los 6 y los 12 años.

El conflicto judicial tomó un nuevo giro cuando el Tribunal de Casación Penal bonaerense habilitó a la Suprema Corte de Justicia provincial para revisar el fallo que había determinado la prescripción del delito y el archivo de la acción penal.

La clave para dar con su paradero en San Luis

Durante trece años, Montes de Oca eludió el accionar policial. De acuerdo con el testimonio familiar, el sospechoso escapó en una camioneta la misma noche en que se radicó la denuncia y se mantuvo en la clandestinidad pese a la búsqueda activa de las autoridades.

El escenario se modificó cuando la víctima encomendó su representación legal a los abogados Jennifer Salaberry y Lautaro Slpizer. Según explicaron los letrados al portal La Buena Info, ellos tomaron el caso hace unos años, cuando el expediente se encontraba estancado, y lograron localizar al prófugo en apenas 15 o 16 días de trabajo.

La información vital provino de una persona que contactó a la joven por Facebook, revelando que su padre residía en San Luis. Según lo expuesto, el individuo operaba con documentos apócrifos y era dueño de locales de venta de calzado, lo que permitió a la Policía Federal efectivizar la detención. Para los letrados, la rapidez con la que ellos lo ubicaron contrasta severamente con la ineficiencia demostrada durante la investigación original, que estuvo bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo.

Tras su captura, Montes de Oca permaneció detenido solo cuatro días. Su defensa interpuso un hábeas corpus alegando la prescripción de la causa por el paso del tiempo, lo cual fue avalado por el juzgado de primera instancia. Esta resolución fue ratificada el 18 de diciembre de 2024 por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, aunque con un voto en disidencia que sugería considerar los tratados internacionales de protección a menores víctimas de violencia sexual.

Ante esta situación, la querella apeló hasta lograr que el caso llegue a la Suprema Corte bonaerense. El 6 de octubre, la Sala III de Casación, con los jueces Ricardo Borinsky y Daniel Carral, admitió parcialmente el recurso extraordinario, permitiendo que el máximo tribunal evalúe si los magistrados anteriores ignoraron normas constitucionales vinculadas a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará.

La estrategia legal de la víctima enfatiza que la prescripción se aplicó bajo un rigor formalista que desoyó el contexto de violencia intrafamiliar y la asimetría de poder entre progenitor e hija. Además, la parte querellante subraya que la negligencia estatal en la búsqueda del prófugo benefició al acusado, permitiéndole evitar el juicio. Ahora, la Corte deberá decidir si mantiene el sobreseimiento o si ordena la reactivación del proceso penal.

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