Es ley la reforma que traslada el Registro de Huellas Genéticas al Ministerio Público y habilita análisis locales

La Cámara de Diputados otorgó sanción definitiva este miércoles a la ley que reforma la normativa orgánica de la Justicia provincial, el Ministerio Público y el sistema de gestión del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. La propuesta, impulsada por el Ejecutivo, fue avalada por mayoría tras su paso previo por el Senado.

Uno de los pilares del proyecto radica en el Registro de Huellas Genéticas, el cual pasará a depender del Ministerio Público Fiscal, organismo que asumirá su administración y reglamentación. Asimismo, se determinó que las pruebas biológicas podrán ser procesadas tanto en el Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial local como en otros establecimientos públicos que cuenten con la autorización pertinente.

Anteriormente, el banco de datos operaba bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y exigía el envío de muestras hacia otras jurisdicciones. Con esta descentralización, se pretende agilizar las investigaciones y aprovechar recursos tecnológicos para esclarecer delitos. La norma también permite al Ministerio Público establecer convenios de intercambio de información con organismos de diversos niveles jurisdiccionales.

La Procuración General será la encargada de establecer las pautas técnicas para el tratamiento de evidencias, la cadena de custodia y los estándares de idoneidad que deberán acreditar los laboratorios intervinientes. Al fundamentar la iniciativa, el diputado Bruno Mini destacó que el registro debe estar en manos de quienes llevan adelante la investigación penal, comparando el valor del ADN con el uso de huellas digitales para fortalecer la eficacia judicial.

La legisladora Marisa Patafio ponderó que la capacidad de realizar estudios dentro de la provincia, tomando como referencia el sistema mendocino, reducirá los tiempos procesales. Además, se planea incluir en el registro los perfiles genéticos de personal policial y judicial, además de los de las personas procesadas.

En el marco de la modernización judicial, la ley también modifica la organización de fiscalías y defensorías. El objetivo es que los funcionarios actúen durante todo el proceso, evitando el traspaso de expedientes entre la etapa de instrucción y el juicio, una práctica que según el oficialismo genera retrasos innecesarios. Se prevé que el Procurador General pueda redistribuir funciones para ampliar el cuerpo de fiscales de juicio, siempre respetando el consentimiento de los trabajadores involucrados.

En cuanto a los jueces de ejecución penal, se introdujo la posibilidad de crear tribunales colegiados para casos complejos, como aquellos que involucran sentencias superiores a los diez años o planteos de inconstitucionalidad. Patafio resaltó que estas resoluciones, al realizarse en audiencias públicas, aportan mayor transparencia y garantías ciudadanas.

La normativa establece también que quienes cuenten con solvencia económica deberán costear su defensa particular, reservando el servicio gratuito del Estado para quienes carezcan de recursos. La presidenta del bloque Ahora San Luis, Eugenia Gallardo, subrayó que el proyecto contó con el consenso de los máximos responsables de la Justicia provincial, mientras que las legisladoras opositoras, Silvia Sosa Araujo y María José Zanglá, expresaron su rechazo argumentando falta de diálogo en el proceso.

Tras el respaldo legislativo, la norma se encuentra a la espera de su promulgación por parte del Ejecutivo y la posterior reglamentación para entrar en plena vigencia.