Olivero destacó el impulso del Ejecutivo provincial al nuevo plan de auxilio financiero para los hogares

En la jornada del martes, la Cámara de Senadores otorgó media sanción mayoritaria al Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar, un proyecto promovido por la administración de Claudio Poggi. Durante el tratamiento en el recinto, el representante de Ahora San Luis, Martín Olivero, fue el encargado de defender la normativa y subrayar el compromiso del mandatario provincial.

“Es destacable que el gobernador haya optado por impulsar esta medida, ya que el Estado no puede ignorar las complicaciones económicas que sufren tantas familias”, manifestó el parlamentario durante su exposición.

El legislador inició su discurso describiendo el esfuerzo constante de los trabajadores locales que, a pesar de su labor diaria, enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, viéndose obligados a tomar créditos, utilizar tarjetas o recurrir a financieras para costear desde alimentos y medicamentos hasta servicios esenciales.

Ante esta situación, reconoció que las deudas corresponden a un ámbito privado, aunque enfatizó que el sector público tiene el deber de crear escenarios que favorezcan la mejora del bienestar ciudadano. Asimismo, clarificó que el Estado no asumirá el pago de compromisos ajenos, sino que implementará mecanismos para que las entidades financieras otorguen condiciones más accesibles que faciliten el cumplimiento de los pagos por parte de los deudores.

En relación con el argumento de que el problema radica exclusivamente en los ingresos, Olivero respondió que el Ejecutivo ya realiza esfuerzos para recomponer los salarios, pero que el difícil panorama nacional impide otorgar incrementos desmedidos, independientemente del signo político de cada gestión local.

La ley se estructura mediante dos ejes: el desendeudamiento y el incentivo al consumo. El primer punto abarca a residentes en San Luis con al menos dos años de antigüedad y deudas en mora superiores a 90 días, cuyos parámetros finales serán definidos reglamentariamente.

Para estos casos, las entidades que se sumen deberán ofrecer plazos no menores a 24 meses con dos meses de gracia, tasas reguladas (Tasa Tamar del BCRA más 10 puntos), cuotas que no superen el 30% del ingreso familiar y la eliminación de cargos administrativos o comisiones adicionales. Olivero consideró vital este tope cuota, señalando que los hogares no deben destinar la totalidad de sus recursos exclusivamente al pago de intereses.

Además, el esquema permite unificar diversas deudas —como préstamos, tarjetas o facturas de servicios públicos como Edesal— en un único plan de refinanciación, facilitando así la organización de las finanzas personales.

El legislador recalcó que, al reducir el peso de las cuotas, el dinero excedente volverá a circular en la economía local, beneficiando a comercios de cercanía, supermercados y emprendedores. Para incentivar la adhesión del sector financiero, el Gobierno otorgará beneficios impositivos, incluyendo un crédito fiscal del 25% sobre los beneficios aplicados.

Para concluir, Olivero admitió que el endeudamiento es una realidad ineludible y, aunque aclaró que esta ley no resuelve de forma absoluta el contexto económico actual, la calificó como una herramienta fundamental para que los sanluiseños puedan reorganizar su economía personal.