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El Senado de San Luis aprobó el Plan Maestro del Agua 2026-2036

Con el impulso del mandatario provincial Claudio Poggi, la nueva ley establece una hoja de ruta con más de 150 estrategias para optimizar la administración hídrica durante los próximos diez años.

Por Redacción
Fue aprobado el Plan Maestro del Agua 2026-2036.
Fue aprobado el Plan Maestro del Agua 2026-2036.

La Cámara de Senadores otorgó este martes sanción definitiva al Plan Maestro del Agua 2026-2036, una normativa diseñada para el desarrollo humano, económico y sostenible de San Luis. La propuesta fue avalada por los cinco integrantes del bloque Ahora San Luis, mientras que los tres representantes del Frente Peronista expresaron su rechazo.

El texto legislativo, que cuenta con más de 370 páginas y cinco anexos, articula 150 acciones divididas en cuatro ejes fundamentales. Se proyecta como una guía para la gestión del recurso durante la próxima década, con una visión de largo plazo para el futuro provincial. Asimismo, el proyecto impulsa una jerarquización del organismo San Luis Agua e incluye la creación de la figura del Superintendente del Agua en la Constitución local, cargo que tendrá una duración de cinco años.

El senador Adolfo Castro Luna (Ahora San Luis), encargado de presentar el despacho de mayoría, explicó que la intención es transformar el modelo de gestión junto al Plan de Energía. “La meta es superar la política de emergencia para enfocarnos en la prospección y la visión a largo plazo”, indicó.

El esquema fue elaborado tras un proceso de participación que comprendió 65 instancias territoriales, más de 200 entrevistas y jornadas de trabajo junto a entidades como el INTA, el Conicet, la UNSL, el Senasa y diversos municipios, contando con el respaldo técnico del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El relevamiento base incluyó 20 embalses, 752 kilómetros de canales y más de 4 mil kilómetros de acueductos. La planificación se divide en tres horizontes temporales: corto plazo (2026-2031), mediano plazo (hasta 2036) y largo plazo (2036-2046).

En relación con el contexto productivo, Castro Luna resaltó el incremento de la superficie cultivada de 200 mil a 1.200.000 hectáreas, sumado al impacto potencial del fenómeno climático “Super niño”. El legislador subrayó que, al ser un territorio semiárido sin glaciares, la provincia depende casi exclusivamente de las precipitaciones, las cuales no se aprovechan de manera integral, dado que solo una fracción mínima del agua de lluvia se destina efectivamente a la recarga de napas.

El plan prioriza mediciones técnicas precisas, modernización de la infraestructura y el aseguramiento de la disponibilidad hídrica frente a la variabilidad climática. Además, se busca elevar la eficiencia del riego en zonas como el Valle del Conlara, Quines y Villa Mercedes, incentivando el abandono de los sistemas de gravedad en favor de métodos más avanzados como el goteo o pivotes centrales.

El legislador destacó que el nuevo enfoque abandona el viejo paradigma de asignar obras según conveniencias políticas, priorizando en cambio criterios técnicos, científicos y mediciones reales en terreno para una planificación objetiva.

El diagnóstico del sector indica que el consumo humano representa el 20% del total, mientras que el resto se destina a la producción. Se identificaron falencias en la infraestructura, escasez de instrumentos de medición y la necesidad de formalizar los niveles de consumo de usuarios y empresas. Las lluvias son mayormente estivales y varían regionalmente, por lo que el almacenamiento en diques como La Florida, Nogolí, Saladillo, Paso de las Carretas y Esteban Agüero es vital para la distribución invernal.

El plan advierte sobre el envejecimiento de los diques, que superan las cuatro décadas de antigüedad, y la pérdida de volumen por sedimentación. En cuanto a los acueductos, el objetivo es transitar hacia el mantenimiento preventivo y la detección temprana de fugas, dado que se pierden cerca del 39% de los caudales, lo cual, de no corregirse, comprometería el abastecimiento futuro.

Los cuatro pilares del proyecto abarcan: la garantía de acceso seguro para las comunidades, incluyendo mapas de riesgo y planes de emergencia; la optimización de la eficiencia productiva; la preservación y control de calidad de las cuencas y reservorios; y la modernización institucional con mayor financiamiento y la futura actualización del Código de Aguas. Finalmente, se busca fomentar la “cultura del agua” a través de mesas de diálogo, consorcios de usuarios y una base de datos geográfica unificada.

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