La Justicia dictó el procesamiento de José Luis Espert por sospechas de lavado de activos

El Juzgado Federal de San Isidro dictó el procesamiento contra José Luis Espert en el marco de una causa donde se lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, ordenando además que no pueda abandonar el territorio nacional.

La resolución del juez Lino Mirabelli marca un avance significativo en el expediente que examina una transferencia de 200 mil dólares concretada en 2020, la cual tendría vínculos con Federico “Fred” Machado, un empresario detenido en los Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales.

Como parte de la resolución, el magistrado fijó un embargo preventivo sobre los bienes de Espert por 1000 millones de pesos y le dictó la prohibición de salida del país.

Asimismo, se procesó a Mariano Alejandro Cosentino, contador del dirigente, al señalarlo como partícipe necesario del delito de lavado, aplicándole un embargo de 700 millones de pesos.

Durante el mes de agosto, quien fuera diputado de La Libertad Avanza entregó un escrito de defensa que constaba de 141 fojas donde solicitó formalmente que se dicte su sobreseimiento.

En dicha presentación, sostuvo que el dinero cuestionado correspondía al pago por servicios de asesoramiento profesional brindados a una firma, documento que además fue certificado ante escribano público y con la apostilla oficial del Estado argentino. Pese a esto, el Ministerio Público Fiscal mantiene la hipótesis de que se trataría de una operación ficticia destinada a legalizar fondos de origen ilícito.

“La transferencia fue a mi cuenta personal, figurando mi nombre en el concepto. Fue una única operación, de banco a banco. Quien realiza maniobras de lavado oculta su identidad; yo la hice constar en todos los registros”, manifestó Espert mediante una publicación en X el pasado 19 de agosto.

El fallo del juez Mirabelli sucede a la negativa de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que recientemente desestimó dos recursos presentados por el exlegislador para intentar frenar el avance del proceso judicial.

En primer lugar, los camaristas denegaron el pedido para invalidar las medidas probatorias requeridas por el fiscal Rodolfo Domínguez. De igual modo, desestimaron la solicitud para apartar al fiscal del caso por una supuesta falta de objetividad y por haber demostrado un interés fuera de lo jurídico. (NA)