Media sanción para la ley de discapacidad: el oficialismo cedió ante la oposición y obtuvo amplio respaldo

En la jornada de hoy, la Cámara de Diputados brindó su visto bueno con una amplia diferencia a la nueva legislación de protección social para personas con discapacidad, resultado de tratativas que lograron incorporar al peronismo a una concertación junto a La Libertad Avanza y otras bancadas.

El texto obtuvo su media sanción tras cosechar 237 apoyos, frente a nueve rechazos y cuatro abstenciones, siendo ahora derivado al Senado para su eventual debate.

El proyecto, titulado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, fue consensuado entre el oficialismo y el jefe de la bancada de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad. Si bien conserva la estructura de beneficios de la ley 27.793, elimina la condición de transitoriedad y emergencia, estableciendo una normativa de orden público con validez permanente que trasciende las gestiones gubernamentales.

Dentro de los puntos rescatados de la ley de emergencia se encuentra la posibilidad de combinar la percepción de una pensión contributiva —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— para poseedores del CUD, manteniendo un vínculo laboral formal o monotributo, siempre que las remuneraciones no excedan dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Asimismo, se conserva el esquema de nomenclador unificado, se reafirma la actualización constante de las tarifas prestacionales conforme al índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y se asegura la prestación médica integral mediante el Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios de pensiones.

En materia presupuestaria, se estipula que los fondos asignados a la cartera de Salud no podrán reducirse en términos reales respecto al año previo.

Por otra parte, se implementa un mecanismo de auditorías frecuentes mediante la interconexión de registros de la ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo los parámetros del debido proceso inclusivo.

Como respuesta a solicitudes de sectores aliados, se incluyó una disposición transitoria que demanda un esquema de pagos para saldar los aranceles pendientes a los prestadores, fijando una fecha límite de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente esta medida.

A lo largo del día, integrantes de Unión por la Patria mantuvieron diálogos con referentes del sector de la discapacidad para evaluar la viabilidad de acompañar el dictamen oficialista, dejando de lado la postura inicial de prorrogar la emergencia hasta el cierre de 2027.