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El Ministerio Público acusa a Cristina Kirchner de liderar un entramado para blanquear dinero de procedencia ilegal

La acusación estatal argumenta que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner emplearon firmas del sector hotelero e inmobiliario para integrar fondos irregulares a sus activos. Se detalla que prácticamente nueve de cada diez pesos ingresados por la firma Los Sauces provenían de vínculos con el Grupo Indalo y Lázaro Báez.

Por Redacción
Cristina Kirchner participa del juicio de forma remota.
Cristina Kirchner participa del juicio de forma remota.

El proceso judicial por los expedientes Los Sauces y Hotesur dio inicio este viernes con los cargos contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y un conjunto de empresarios que mantuvieron acuerdos comerciales con los entes de la familia. La Fiscalía plantea que los exjefes de Estado estuvieron al frente de una red que se valió de arrendamientos de inmuebles y hoteles para introducir capitales de origen espurio en su haber patrimonial.

“Se llevó a cabo una sofisticada red de corrupción” que se mantuvo por más de doce años, posibilitando el desvío de fondos estatales por sumas millonarias, expone la pieza acusatoria desarrollada por los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, cuya presentación oral comenzó en la sede judicial de Comodoro Py.

La imputación señala a Cristina Kirchner como la figura central del sistema. Según el escrito, la exjefa de Estado “planificó, ejecutó y condujo un esquema de reciclaje de activos de origen ilícito” a través de la compañía Los Sauces, fundada junto a su cónyuge y su hijo.

La Fiscalía argumenta que esta plataforma permitió procesar dinero proveniente de contratistas que mantenían relaciones de negocios con el Estado, valiéndose de contratos de alquiler y actividades hoteleras.

Los arrendamientos bajo sospecha y los ingresos de Los Sauces

Uno de los pilares de la acusación es el uso de acuerdos de alquiler que, a criterio de la Fiscalía, fueron una simulación para mover dinero hacia la familia Kirchner.

Entre el inicio de 2009 y el tercer mes de 2016, Los Sauces facturó cerca de 25 millones de pesos en conceptos de alquileres. El 88% de dichos ingresos provino de intercambios comerciales con sociedades pertenecientes a los grupos de Lázaro Báez y Cristóbal López.

Para la parte acusadora, esta alta concentración de ingresos es prueba de que la firma operaba como una herramienta para ingresar fondos dudosos al patrimonio personal de los Kirchner.

El expediente detalla que las corporaciones de Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa arrendaron activos de Los Sauces en Puerto Madero, entre ellos una unidad dúplex con cinco plazas de estacionamiento y un departamento con sus respectivas dependencias.

Por dichos contratos, las entidades vinculadas a estos empresarios abonaron poco más de 18 millones de pesos.

Simultáneamente, el emporio de Lázaro Báez habría canalizado otros cuatro millones de pesos mediante acuerdos similares con la sociedad de la familia expresidencial.

Según el planteo fiscal, se trató de convenios por propiedades que los grupos económicos no requerían realmente, facilitando el traspaso de ganancias a los exmandatarios y sus familiares.

La Fiscalía definió la operatoria como un “mecanismo continuo de lavado de activos” que servía para insertar dinero de supuesta procedencia ilegal al capital de los Kirchner.

El papel atribuido a Néstor, Cristina y Máximo Kirchner

La acusación sostiene que cada integrante de esta organización desempeñó una tarea específica para concretar las maniobras.

“Néstor Kirchner y Cristina Fernández aportaron al plan delictivo la jerarquía y el poder”, indica el documento judicial.

Bajo esta premisa, los exmandatarios habrían utilizado su posición para beneficiar a ciertos empresarios, mientras que una porción de las ganancias regresaba a su patrimonio mediante negocios hoteleros e inmobiliarios.

En lo que respecta a Lázaro Báez, los fondos observados estarían ligados a una supuesta estafa al Estado por la adjudicación de obra pública.

Sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa, la acusación indica que los acuerdos comerciales funcionaron como una pantalla para recibir dádivas a cambio de beneficios.

El requerimiento también ubica a Máximo Kirchner como organizador de esta supuesta estructura delictiva, destacando su participación directa en los movimientos destinados a consolidar los fondos en el patrimonio familiar.

El inmueble de San José 1111 y otras propiedades bajo análisis

Entre los bienes mencionados por la Fiscalía se encuentra el departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente reside Cristina Kirchner bajo arresto domiciliario por la sentencia de seis años de cárcel en la causa Vialidad.

De acuerdo con los fiscales, la propiedad fue adquirida por Los Sauces y luego utilizada por Florencia Kirchner, quien no habría abonado alquiler alguno a la sociedad.

El escrito menciona además transacciones inmobiliarias relacionadas con Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, quien habría edificado departamentos en terrenos de la familia Kirchner mediante una sociedad fantasma.

Para el Ministerio Público, estos hechos eran piezas de un engranaje diseñado para ocultar y transferir utilidades logradas de manera ilícita.

Se puso en marcha el juicio oral

El proceso se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los magistrados José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, con Santiago Schiopetto como juez suplente.

La representación fiscal durante el debate está a cargo de Diego Velasco, mientras que Cristina y Máximo Kirchner siguen las sesiones de manera virtual.

Durante la jornada inaugural comenzó la lectura de la acusación, en la cual se detallaron los métodos bajo estudio y las responsabilidades adjudicadas a los procesados.

El tribunal deberá resolver si las transacciones mencionadas constituyeron delitos, tal como sostiene la Fiscalía, o si debe desestimarse la responsabilidad penal atribuida a los imputados.

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