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San Luis

Apuñaló a una trabajadora sexual en pleno centro de San Luis y seguirá detenido

A Cristian Omar Campusano se le atribuye haber herido a la mujer en el vientre y haber intentado alcanzarla otra vez mientras ella huía. La víctima terminó con el estómago perforado y pasó por el quirófano de urgencia; el juez ordenó tres meses de preventiva.

Por Redacción
La audiencia de formulación de cargos.
La audiencia de formulación de cargos.

La Justicia puntana le formuló cargos a Cristian Omar Campusano por el intento de homicidio de una mujer que ejercía el trabajo sexual en la capital provincial. La acusación sostiene que le clavó un arma blanca en el vientre y que buscó atacarla por segunda vez cuando ella trataba de huir. Producto de la agresión, sufrió una perforación gástrica y debió ser operada de inmediato en el Hospital Central "Ramón Carrillo".

El miércoles, Juan Manuel Montiveros Chada, a cargo del Juzgado de Garantía Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, dio por formulada la imputación por homicidio agravado por violencia de género en grado de tentativa y ordenó que el acusado quede bajo prisión preventiva por un lapso de 90 días.

Según el relato que expuso la fiscal adjunta Marisol Boschi, de la Fiscalía de Género Nº 1, todo ocurrió el lunes 9 de noviembre cerca de las 23, en las cercanías del 400 de avenida Lafinur, donde la mujer estaba trabajando.

La representante del Ministerio Público Fiscal detalló que el imputado ya había buscado contratar los servicios de la víctima en ocasiones previas, pero que ella siempre se negó porque advertía en él conductas violentas.

Aquella noche, de acuerdo con la hipótesis fiscal, Campusano se le aproximó y la hirió con un elemento punzante del lado izquierdo del abdomen. Mientras la mujer intentaba alejarse, el agresor habría insistido con un nuevo ataque.

Los pedidos de auxilio llamaron la atención de quienes estaban por la zona. Un vecino se acercó a socorrerla y, según la imputación, el atacante escapó del lugar.

A pesar de la gravedad de su estado, la víctima consiguió llamar al 911 para solicitar asistencia y alertar que se encontraba malherida.

Con los datos físicos y las características de la ropa que ella aportó, los efectivos desplegaron un rastrillaje y dieron con Campusano oculto dentro de un contenedor, a escasos metros de donde había ocurrido el hecho.

Tras recibir los primeros auxilios, la mujer fue derivada al Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo", donde se le diagnosticó un traumatismo penetrante de abdomen y una perforación gástrica que obligó a una cirugía urgente.

La Fiscalía pidió cuatro meses de prisión preventiva

En la audiencia, Boschi reclamó 120 días de encierro preventivo al entender que se configuraban peligros de fuga, de obstaculización de la pesquisa y para la seguridad de la damnificada.

La fiscal remarcó que la mujer expresó tener mucho temor tras el episodio y recordó que, conforme a su testimonio, el acusado ya la había abordado antes en la calle con actitud violenta.

Además, mencionó que Campusano tiene otros expedientes penales abiertos, aunque precisó que varios siguen en fase de investigación y aún no llegaron a la formulación de cargos.

En la vereda opuesta, la defensora oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez, objetó el encuadre jurídico y rechazó el pedido de prisión preventiva.

Argumentó que las pruebas recolectadas hasta ahora no alcanzan para demostrar que hubiera voluntad de matar ni los elementos que exige el agravante por violencia de género. Sumó que su asistido no tiene condenas previas y puso en duda los riesgos procesales invocados por la acusación.

Para la defensa, bastaba con imponer una restricción de acercamiento para resguardar a la denunciante, sin que fuera necesario que el imputado siguiera privado de su libertad.

El juez dispuso 90 días de prisión preventiva

Luego de oír a ambas partes, Montiveros Chada dio por formulados los cargos contra Campusano por homicidio agravado por mediar violencia de género en grado de tentativa, en línea con la calificación provisoria que había propuesto la Fiscalía.

Respecto de las medidas de coerción, entendió que resultaba imprescindible asegurar la protección de la mujer, teniendo en cuenta las particularidades y la gravedad del hecho bajo investigación.

Con esos fundamentos, resolvió transformar la detención en prisión preventiva por 90 días, es decir, un plazo inferior a los 120 que había reclamado el Ministerio Público Fiscal.

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