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San Luis

Luz verde del Senado puntano a la reforma del Régimen Penal Juvenil

La ley ajusta el procedimiento provincial a la Ley Nacional 27.801, que llevó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, e incorpora reglas particulares para adolescentes, garantías procesales y opciones distintas al encierro.

Por Redacción
El Senado aprobó la adecuación del Régimen Penal Juvenil en San Luis.
El Senado aprobó la adecuación del Régimen Penal Juvenil en San Luis.

Con el respaldo de la mayoría, la Cámara de Senadores sancionó la actualización del Régimen Penal Juvenil provincial para alinearlo con los cambios dispuestos por la Ley Nacional 27.801, sancionada durante este año. Aunque la modificación más resonante es que la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años, el texto suma también herramientas, resguardos y dispositivos pensados específicamente para los jóvenes involucrados en causas penales.

El resultado fue de cinco votos afirmativos del bloque Ahora San Luis y tres negativos del Frente Justicialista. La iniciativa reforma artículos del Código Procesal Penal provincial y de la Ley Orgánica de Administración de Justicia.

La exposición en el recinto estuvo a cargo de Martín Olivero, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales. “Busca consolidar un proceso especializado y socioeducativo que garantice los derechos constitucionales y convencionales de los adolescentes bajo los principios de especialidad, proporcionalidad, mínima intervención, celeridad y excepcionalidad de la privación de la libertad, reafirmando la estricta separación entre el proceso penal y el sistema de protección integral de derechos, impidiendo que la vulnerabilidad social derive en respuesta punitiva”, sintetizó.

El legislador detalló que la asesoría tutelar queda sustituida por la Defensoría de Niñez y Adolescencia, y que se volverá obligatoria la capacitación y especialización de magistrados, fiscales y defensores.

Agregó que, en expedientes donde haya adultos y adolescentes imputados, se asegurará que el juez Penal Juvenil intervenga en el trámite correspondiente a los menores. Precisó, además, que los testimonios de niños, niñas y adolescentes en los juicios —y también los de víctimas adultas en condición de vulnerabilidad— se tomarán en Cámara Gesell.

El justicialismo rechazó el proyecto. Sostuvo que faltaban precisiones acerca de cómo se aplicará el régimen, qué recursos económicos demandará y cómo se desarrollarán las capacitaciones.

El senador Martín Olivero fundamentó el proyecto de ley. (Foto: Marcelo Lacerda)

Más detalles del régimen

El régimen alcanzará a los adolescentes de entre 14 años y los que aún no cumplieron 18, considerándose la edad que tenían cuando ocurrió el hecho.

Entre los resguardos figuran la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado, una defensa técnica efectiva, el debido proceso y la definición de las causas en plazos razonables. Se fija, asimismo, que el encierro debe ser excepcional y que los jóvenes no podrán ser alojados con personas adultas.

La Defensoría de Niñez y Adolescencia intervendrá en todos los procesos en los que figure una persona menor de 18 años, tanto si es imputada como si es víctima.

Si un mismo episodio involucra a mayores y menores de edad, la investigación tendrá que coordinarse para no generar resoluciones contrapuestas, aunque los puntos procesales propios de los jóvenes —como las medidas de coerción o la formulación de cargos— serán resueltos por el juez Penal Juvenil.

Soluciones alternativas al conflicto

Un punto central de la reforma es la inclusión de vías para resolver ciertos conflictos por fuera del proceso penal común: el criterio de oportunidad, la mediación penal juvenil y la suspensión del juicio a prueba.

El criterio de oportunidad permite que la Fiscalía renuncie total o parcialmente a la acción penal mediante una resolución fundada. En esos supuestos, se deberá notificar a la víctima, que tendrá 10 días corridos para oponerse y también podrá pedir la conversión de la acción según lo que establece el Código Procesal Penal.

La mediación penal juvenil podrá pedirla la Fiscalía, la víctima o el propio adolescente antes de que haya sentencia. Es de carácter voluntario y confidencial, y exige que la víctima preste su conformidad.

La suspensión del proceso a prueba se habilita para delitos con un mínimo de pena de hasta tres años. La debe pedir el adolescente, con consentimiento libre e informado, participación de su defensa técnica y acuerdo del fiscal. Durará entre uno y tres años, con pautas de conducta que pueden abarcar tareas educativas, formación, trabajos comunitarios y reparación del daño.

Juicios con condiciones especiales

Los debates contra adolescentes tendrán carácter reservado: estará vedado difundir nombres, apodos, filiación, vínculos familiares, domicilio, imágenes o cualquier dato que permita identificarlos.

Respecto de las resoluciones judiciales, primero se definirá la responsabilidad penal y recién luego se celebrará una audiencia para fijar la eventual sanción. Allí deberán ponderarse las condiciones personales, familiares, educativas y sociales del joven, junto con las particularidades del hecho.

El juicio abreviado seguirá siendo posible, pero exigirá consenso entre la Fiscalía, el adolescente y su defensor. La conformidad deberá ser expresa, libre, voluntaria e informada, y el magistrado deberá verificar que el joven entienda los hechos que se le atribuyen y los alcances del acuerdo.

Sanciones y cárcel

Junto con la prisión, la norma prevé otras respuestas: amonestación, prohibición de acercamiento o contacto, impedimento de asistir a determinados sitios, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.

Para aplicarlas habrá que evaluar la edad, el grado de desarrollo y el entorno personal, familiar, educativo y social del adolescente, además de la gravedad del hecho, sus efectos y las chances reales de cumplimiento. El objetivo declarado es fomentar la responsabilidad, la educación, la resocialización y la inclusión social.

Mientras dure el proceso, los jueces podrán dictar medidas de coerción si se comprueban riesgos concretos de fuga o de entorpecimiento de la investigación. No obstante, el encierro solo procederá cuando ninguna otra alternativa alcance, con un tope de tres meses prorrogable por un lapso igual.

La implementación del nuevo sistema

El texto aprobado también obliga al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a la Fiscalía a dictar las reglamentaciones y tomar las decisiones necesarias para que el régimen funcione. Deberán definir, entre otros puntos, la supervisión, ejecución y control de las medidas, las condiciones de alojamiento y la formación de los operadores.

Previo al debate legislativo, el gobernador Claudio Poggi ya había anticipado acciones para acondicionar las áreas vinculadas a la atención de niños, niñas y adolescentes: la refacción de las Comisarías de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf), la adquisición de vehículos y la capacitación de los equipos.

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