Imputaron a un joven que adquirió dos iPhone empleando una tarjeta ajena

Un muchacho de 20 años enfrenta cargos penales tras haber empleado una tarjeta de crédito robada para adquirir dos teléfonos iPhone, por un valor de $2.650.000, en un local comercial ubicado en San Luis capital.

El fiscal Francisco Assat Alí, titular de la Unidad de Instrucción N° 1, le imputó el delito de estafa por el uso de un plástico hurtado o extraviado, fundamentándose en los artículos 173 (inciso 15) y 45 del Código Penal.

Durante la audiencia celebrada este lunes ante el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, se validó la formulación de cargos y se dictaminó que el acusado transite el periodo de investigación bajo libertad, sujeto a restricciones por el plazo de dos meses.

Sobre el origen de la maniobra, la Fiscalía sostiene que el pasado 5 de junio, desconocidos fracturaron el cristal de una camioneta Volkswagen Amarok para llevarse una mochila que contenía diversos documentos y plásticos bancarios.

Posteriormente, el investigado habría aprovechado una de esas tarjetas Visa para efectuar el gasto mencionado en un establecimiento situado sobre la calle Belgrano. Además de los dos iPhone 13 Pro Max, el representante del Ministerio Público detalló que el individuo indagó sobre la posibilidad de comprar un motovehículo en el mismo comercio.

La identificación del sospechoso fue posible gracias al relevamiento de filmaciones de seguridad, tanto estatales como privadas, junto con otros elementos probatorios que incluyen el testimonio del comerciante, la denuncia del damnificado, el historial de los movimientos bancarios y material fotográfico.

El fiscal Assat Alí subrayó que las grabaciones permiten observar al imputado efectuando la transacción de forma evidente.

El joven, representado por la letrada María de los Ángeles De Pascuale, decidió no declarar tras ser citado. Su defensa técnica no presentó objeciones ante las medidas restrictivas dictadas por el magistrado.

Desde la representación legal se expresó el deseo de resarcir el daño financiero mediante la devolución del monto total de $2.650.000 y el pedido de disculpas a quien sufrió el perjuicio.

Aunque admitió el uso del medio de pago, la abogada aclaró que su cliente no tuvo participación en el robo inicial del plástico, alegando que este lo habría encontrado en la vía pública de manera previa a la compra. Bajo esta premisa, solicitó un lapso de 60 días para gestionar un acuerdo de reparación o un criterio de oportunidad que evite la elevación a juicio.

Para asegurar su sujeción al proceso, el fiscal requirió la firma obligatoria del libro de asistencia en la Fiscalía y la prohibición de salir de la provincia por dos meses, al considerar que el acusado se presentó por voluntad propia.

El juez Flores Leyes validó el pedido: el joven deberá registrar su firma mensualmente y tiene vedado abandonar San Luis, salvo justificación por motivos laborales, médicos o de urgencia.

El magistrado consideró relevante la ausencia de antecedentes penales del implicado y su corta edad, aunque le recordó la necesidad de acatar estrictamente las pautas de conducta mientras avanza la instrucción.

Finalmente, el juez instó a las partes a explorar un convenio de reparación con la víctima, habilitando incluso a la defensa a presentar el ofrecimiento por la vía judicial si no se lograra una resolución mediante la Fiscalía.