Imputaron a la pareja de Sergio Freixes por malversación de caudales y asociación ilícita en la causa Pueblo Ranquel

Se procedió a la imputación de Viviana Moreyra, esposa de Sergio Freixes, exministro durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Freixes, quien se desempeñaba como administrador del Municipio del Pueblo Ranquel, ya se encuentra procesado en el mismo expediente junto a otros tres sujetos por el uso irregular de recursos provinciales y de la comunidad indígena para fines particulares.

A Moreyra le fueron atribuidos los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en concurso ideal. Debido a complicaciones de salud, la mujer se presentó a la audiencia en el fuero judicial de Villa Mercedes mediante modalidad remota.

En la causa también están involucrados Sofía Aguilera, antigua secretaria administrativa de la municipalidad; Arturo García Montani, quien cumplía funciones contables, impositivas y de mantenimiento en las estancias; y Diego Lucero, actual jefe comunal de Fortuna y socio en la empresa El Relincho SRL, fundada por la familia Freixes.

Freixes ostentaba un poder otorgado por el exgobernador Rodríguez Saá y, entre los años 2020 y 2023, encabezó una gestión que la Fiscalía de Estado denunció por irregularidades. Para ejecutar operaciones, se requería la rúbrica de Freixes y del contador García Montani sobre las cuentas productiva y de coparticipación. Se calcula que, ajustado a valores actuales, el perjuicio económico ascendería al millón de dólares.

Durante ese período, tanto Freixes como Rodríguez Saá se autonombraron lonkos, tomando el control de esta comunidad asentada en un territorio de 20.000 hectáreas, enfocado principalmente en la explotación ganadera y agrícola. Existe constancia en el legajo de que, poco antes de finalizar su mandato, transfirieron 50 millones de pesos del tesoro provincial.

Los fiscales Maximiliano Bazla y Nayla Cabrera Muñoz presentaron pruebas que señalan a Moreyra como una pieza clave de la “asociación ilícita”, describiendo una organización donde cada miembro cumplía un rol específico con el objetivo de cometer delitos indeterminados. Según Bazla, la empresa El Relincho SRL, gestionada por Moreyra y Lucero, sirvió de pantalla para legitimar gastos inexistentes con fondos estatales.

El análisis de la Fiscalía se centró en los movimientos bancarios de las cuentas productiva y de coparticipación entre 2021 y el fin de la gestión. En 2021, se detectaron duplicaciones de facturas por $2.566.540 en concepto de insumos y servicios de El Relincho SRL, además de pagos triplicados de un mismo comprobante.

Para el ejercicio 2022, se identificaron erogaciones por $8.849.317,68 sin documentación que las respalde. En 2023, la cuenta productiva registró gastos de mantenimiento y combustible por $14.335.709 destinados a un vehículo a nombre de la empresa de la familia Freixes, sumado a otros pagos irregulares por más de 18 millones de pesos.

La cuenta de coparticipación de 2023 arrojó un patrón similar, con erogaciones de $14.690.590 destinadas al rodado de la sociedad El Relincho SRL. La fiscal Cabrera Muñoz concluyó que estos movimientos no guardaban relación con la actividad estatal, sino que buscaban un lucro personal para los acusados, excediendo cualquier fin agropecuario legítimo.

La defensa cuestionó la falta de precisión sobre el accionar de su representada, negando que tuviera facultades para manejar fondos del municipio. Por su parte, el fiscal Bazla argumentó que, como administradora de la empresa, Moreyra era quien generaba la facturación ficticia y los informes necesarios para simular operaciones que nunca ocurrieron.

Finalmente, la jueza de Garantías N° 3, Natalia Pereyra Cardini, formalizó la acusación. La magistrada remarcó que quien recibe facultades para administrar bienes ajenos tiene la obligación de rendir cuentas y respetar estrictamente los destinos autorizados. Como única restricción, se ordenó a los imputados la prohibición de salir del territorio nacional sin aval judicial.