El Ejecutivo analiza sumar el sector pesquero a la nueva normativa de sanciones por Malvinas

La administración nacional analiza la posibilidad de extender las penalizaciones previstas en el futuro proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, contemplando la incorporación de diversos sectores económicos, como el pesquero, en las actividades relacionadas con las Islas Malvinas.

Esta iniciativa fue debatida recientemente en el ámbito de la mesa política del oficialismo y plantea ajustar la Ley 26.659, denominada popularmente como "Ley Pino Solanas", la cual fija castigos para quienes efectúen tareas de exploración o explotación petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin el permiso estatal correspondiente.

A raíz del mensaje por cadena nacional emitido por Javier Milei, sectores del peronismo, liderados en este punto por Germán Martínez, exigieron formalmente que se endurezcan las medidas incluyendo el rubro de la pesca.

El Gobierno planea girar el proyecto parlamentario este lunes, aunque aún resta definir si se hará mediante un envío convencional o si se enviará a un representante del Ejecutivo, como los ministros Pablo Quirno (Cancillería) o Carlos Presti (Defensa), quienes formaron parte del equipo que redactó la propuesta, para exponer los detalles.

La gestión libertaria proyecta que el debate en la Cámara de Diputados se desarrolle entre las últimas semanas de septiembre y los primeros días de octubre, manteniendo expectativas de un tratamiento ágil.

Estos movimientos legislativos suceden al mismo tiempo que la Casa Rosada despliega acciones contra compañías involucradas en actividades petroleras en el archipiélago, con especial atención puesta en la iniciativa Sea Lion.

En paralelo, Milei comunicó la creación de una base naval integrada situada en Tierra del Fuego, obra que será incorporada en el Presupuesto 2027 sin comprometer el superávit fiscal.

Durante el acto de apertura del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, el Presidente advirtió que la normativa impedirá que cualquier entidad que brinde servicios a empresas implicadas en la extracción ilegal de recursos argentinos mantenga vínculos comerciales con el Estado o el sector privado local.

En ese mismo encuentro, el mandatario ratificó que la financiación para la base naval en Tierra del Fuego y proyectos de telecomunicaciones se realizará reasignando partidas sin alterar el equilibrio presupuestario. Finalmente, subrayó que tras el anuncio presidencial ya se iniciaron procedimientos sancionatorios contra 60 actores, entre personas y empresas, que operan en la cuenca de las islas sin la debida autorización.