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Expediente Insaurralde: el magistrado ordenó casi treinta diligencias probatorias contra el exfuncionario, Cirio y Clerici

El magistrado recientemente designado al frente del caso busca profundizar el análisis sobre el patrimonio y los movimientos financieros en el mercado local y uruguayo, además de ordenar la pericia sobre los dispositivos móviles.

Por Redacción
Causa Insaurralde: las 29 medidas de prueba que solicitó el nuevo juez contra el ex intendente, Cirio y Clerici.
Causa Insaurralde: las 29 medidas de prueba que solicitó el nuevo juez contra el ex intendente, Cirio y Clerici.

El magistrado federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ha dispuesto la ejecución de 29 diligencias procesales en el marco de la investigación por lavado de activos y presunto incremento patrimonial injustificado que involucra a Martín Insaurralde, su antigua pareja Jésica Cirio y la mediática Sofía Clerici.

El funcionario judicial, que tomó las riendas del expediente hace poco tiempo, ordenó nuevas averiguaciones sobre los bienes de los imputados, solicitando informes financieros a la República Oriental del Uruguay y el análisis pormenorizado de las comunicaciones telefónicas.

Esta resolución responde a la solicitud de los representantes del Ministerio Público Fiscal, Sergio Mola y Diego Velasco, respaldados por la Fundación Poder Ciudadano, quienes pidieron extender el periodo bajo análisis, el cual inicialmente se limitaba al lapso comprendido entre 2009 y 2023.

De acuerdo con lo expresado por la fiscalía, restringir el análisis resultaba una medida sin fundamento y contradictoria, dado que el juzgado había avalado anteriormente un espectro temporal que se remontaba hasta el año 2006 para rastrear posibles ilícitos.

Al respecto, Rodríguez Ponte sostuvo que aún restan diligencias cruciales para esclarecer las sospechas planteadas, determinar posibles conexiones con terceros y definir las responsabilidades de cada participante dentro de las maniobras bajo sospecha.

Los representantes legales de Insaurralde y Clerici se opusieron a esta ampliación. Asimismo, la defensa del exjefe comunal pidió desestimar el análisis scopométrico de los archivos audiovisuales difundidos, al argumentar que carecen de una autenticidad respaldada.

Entre las acciones dispuestas, el juez requirió al RENAPER datos documentales y registros de domicilios de todos los involucrados.

Adicionalmente, se pidió a la ANSES el historial completo de ingresos, empleadores y beneficios previsionales, mientras que a la Superintendencia de Seguros de la Nación se le solicitaron las pólizas vigentes de los imputados.

Sobre sus bienes, el magistrado busca verificar si los investigados poseen caballos de carrera, solicitó la documentación de cuatro rodados y pidió informes sobre un inmueble en Lomas de Zamora y el estado de sus cuentas en bancos nacionales y uruguayos.

Por otra parte, se intentará reconstruir el registro de llamadas, tráfico de datos, geolocalización por antenas y vínculos telefónicos desde el año 2009, buscando establecer patrones de interacción entre los sospechosos.

Un aspecto relevante es que el juez levantó las medidas cautelares que pesaban sobre Sofía Clerici —quien tiene prohibido salir del país y desplazarse más allá de 50 kilómetros de su residencia—, tras su sobreseimiento, el cual todavía se encuentra bajo revisión.

Respecto a Jésica Cirio, se solicitó a la UIF evaluar si el notario que validó una firma suya el año pasado respetó los protocolos contra el lavado de dinero.

Finalmente, Rodríguez Ponte puso la lupa sobre el dispositivo electrónico entregado por la Fundación Apolo, que contiene imágenes de la exesposa de Insaurralde exhibiendo divisas en el domicilio de Fincas de San Vicente. En consecuencia, convocó a un miembro de dicha organización para declarar y dispuso un análisis técnico sobre el material para confirmar su integridad y origen.

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