Imputaron a Viviana Moreyra, pareja de Sergio Freixes, por irregularidades en la rendición de fondos de Nueva Galia

La Justicia procesó este martes a Viviana Moreyra en dos expedientes judiciales distintos. Por un lado, se la vincula a una asociación ilícita que habría afectado al Pueblo Ranquel y, por otro, se la investiga por la falta de transparencia en la gestión de recursos públicos durante su mandato al frente de la intendencia de Nueva Galia, entre 2011 y 2015. Debido a un cuadro médico acreditado ante el Ministerio Público Fiscal, la imputada siguió la audiencia de los tribunales de Villa Mercedes de manera virtual.

La cónyuge del exministro Sergio Freixes fue señalada por los delitos de fraude contra la administración pública, peculado e incumplimiento de deberes como funcionaria. Dichas acusaciones corresponden a su gestión en el municipio del departamento Dupuy, donde también ocuparon el cargo de jefe comunal su esposo y su hermano.

De manera simultánea, se le notificó una causa por administración fraudulenta y asociación ilícita vinculada al manejo de fondos en el Municipio del Pueblo Ranquel. Su pareja ya está procesado en este expediente junto a otros tres implicados, bajo la acusación de haber dispuesto de recursos estatales y de la comunidad originaria para fines particulares, generando un perjuicio económico estimado en un millón de dólares.

La fiscal Andrea Court detalló que, durante su gestión, Moreyra no rindió cuentas del cuarto trimestre de 2014, por una suma de $1.838.257,05, ni del tercer trimestre de 2015, por $2.449.111,61. Según lo determinado por el Tribunal de Cuentas, el perjuicio nominal alcanza los $4.287.368,66, cifra que, al actualizarse, asciende a 474.602,35 dólares.

De acuerdo con lo expuesto en la investigación, no existe documentación que respalde el uso o destino de los fondos enviados por el gobierno provincial durante dicho periodo.

La acusación sostiene que la exmandataria no solo quebrantó las normas de transparencia y administración, sino que también desvió caudales públicos o falló en demostrar el uso legítimo de los recursos bajo su responsabilidad.

Entre el material probatorio, la Fiscalía destacó los informes del Tribunal de Cuentas provincial, que ya había sancionado a Moreyra por las omisiones en 2014. Además, se presentaron registros de la dirección de Asuntos Municipales sobre su periodo de gestión, documentación sobre su situación laboral como funcionaria pública y diversos elementos contables incautados durante el proceso.

Esta denuncia, iniciada por la Fiscalía de Estado, integra un conjunto de cuatro causas contra exintendentes radicadas en la Segunda Circunscripción Judicial. Vale señalar que su hermano, Sergio Moreyra, quien también ejerció la intendencia en el mismo municipio durante dos mandatos, enfrenta cargos similares.

El representante de la querella, Flavio Ávila, enfatizó que, más allá de las sanciones administrativas previas, la conducta de la acusada justifica una imputación por la vía penal, considerando que las pruebas reunidas son suficientes para avanzar con los cargos en concurso real.

En contraposición, la defensa solicitó la prescripción de los hechos debido al tiempo transcurrido, un pedido que fue desestimado por la jueza Natalia Pereyra Cardini. La magistrada confirmó la formulación de cargos y rechazó el planteo de prescripción, señalando que la condición de empleada estatal de la imputada mantiene suspendidos los plazos legales, aunque no se ordenaron medidas de coerción.