La administración pública de Córdoba fue condenada a abonar reparaciones económicas significativas a dos grupos familiares, luego de que se confirmara que sus descendientes fueron confundidas al nacer en un centro médico de la provincia hace cuatro décadas y media.
El caso tomó estado público a partir de una prueba de ADN que una de las madres decidió realizarse con quien creía era su hija. Al arrojar el análisis un vínculo biológico inexistente, se desató una causa legal que contempló tanto el perjuicio psicológico como la falta de identidad.
