Crimen de Miguel Orozco: dictaron la prisión preventiva para un imputado y la Justicia busca al principal sospechoso

La Justicia de San Luis dictó 30 días de prisión preventiva para Joel Benjamín Robledo, imputado por una presunta participación secundaria en el homicidio en ocasión de robo de Miguel Orozco.

La medida fue dispuesta este jueves por el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, luego de una audiencia en la que la defensa cuestionó la calificación legal sostenida por la Fiscalía y pidió la libertad de su asistido.

Orozco, de 40 años, murió 24 días después de haber sido golpeado en su vivienda de calle Intendente Celi al 2000. De acuerdo con la investigación del fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, el ataque ocurrió durante la noche del 7 de junio, cuando la víctima se encontraba junto a su pareja, Feliciana Hernández, y su cuñado, Juan Domingo Hernández, quien permanece prófugo.

Según la reconstrucción fiscal, Hernández y Orozco se encontraban conversando y consumiendo bebidas alcohólicas cuando se produjo una discusión. Hernández habría comenzado a golpear a Orozco con los puños y con botellas de vino que estaban sobre la mesa, hasta provocarle heridas que hicieron que cayera al piso y perdiera el conocimiento.

Siempre de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, después de dejar a la víctima incapacitada, Hernández habría tomado su teléfono celular y un parlante negro marca Sunday y se habría retirado de la vivienda.

La Fiscalía sostiene que posteriormente Hernández habría entregado esos elementos a Robledo, hijo de la pareja de Orozco. Para los investigadores, ambos ya habrían compartido un modus operandi similar en hechos anteriores.

Uno de los elementos incorporados a la investigación fue el teléfono de Orozco. Según la acusación, Robledo habría colocado su propio chip en el aparato, circunstancia que permitió geolocalizarlo en la zona del barrio Las Vegas. Además, días después habría intentado vender el parlante sustraído por $20.000 a una vecina, situación que derivó en una intervención policial.

Durante la audiencia, el defensor Martín Ávila cuestionó que las evidencias reunidas hasta el momento permitieran sostener una participación secundaria de Robledo en el homicidio.

La defensa sostuvo que la figura planteada por la Fiscalía requiere acreditar la existencia de un acuerdo o una promesa previa y señaló que no se había precisado cuándo, dónde ni cómo se habría producido ese supuesto acuerdo.

“La Fiscalía afirmó que existió un acuerdo previo, pero no explicó ni cuándo, ni dónde, ni cómo se habría celebrado. Tampoco se precisó su contenido ni qué conducta concreta había prometido Robledo”, sostuvo Ávila.

El abogado también cuestionó el valor de las pruebas relacionadas con el teléfono y el parlante. Según planteó, se trata de circunstancias posteriores al homicidio que, por sí solas, no permiten demostrar la existencia de un acuerdo previo.

La audiencia en Tribunales. (Foto: prensa Poder Judicial).

Como alternativa, y sin reconocer autoría ni participación en el homicidio, Ávila planteó que la conducta de su defendido podría eventualmente analizarse como un posible encubrimiento.

La defensa pidió que Robledo recuperara la libertad bajo medidas de control y, subsidiariamente, que cumpliera prisión domiciliaria con dispositivo electrónico.

Assat sostuvo la calificación provisoria formulada por el Ministerio Público Fiscal y explicó que la investigación se encuentra en una etapa inicial, por lo que no corresponde exigir en este momento el nivel de certeza propio de instancias posteriores del proceso.

Para la Fiscalía, Robledo habría realizado aportes posteriores al hecho y el vínculo familiar con Hernández constituye un elemento que debe ser considerado al analizar los riesgos procesales.

“Entiendo, al menos inicialmente y provisoriamente, que su conducta encuadra en una participación secundaria en el hecho y creo que es una construcción válida, una inferencia válida de acuerdo a las evidencias que tenemos”, sostuvo Assat.

El fiscal señaló además que Robledo fue encontrado utilizando elementos que pertenecían a la víctima y que habría intentado vender uno de ellos poco después del hecho.

En ese contexto, Assat sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, principalmente por la situación del principal sospechoso, que permanece prófugo, y consideró que la prisión preventiva era necesaria para neutralizar ese riesgo.

Por ese motivo, se opuso al pedido de prisión domiciliaria y solicitó que Robledo permaneciera 90 días detenido.

La decisión del juez

Al resolver, Flores Leyes consideró que los cuestionamientos de la defensa respecto de la calificación legal podrán ser analizados con mayor profundidad durante las siguientes etapas del proceso.

Para esta instancia, en cambio, entendió que la hipótesis presentada por la Fiscalía resulta razonable y cuenta con elementos que permiten sostenerla provisoriamente.

El magistrado tuvo así por formulados los cargos contra Robledo en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal.

Respecto de la medida cautelar, valoró especialmente que Hernández continúa prófugo y existe un vínculo entre ambos, circunstancias que, según la resolución, deben ser consideradas al evaluar el riesgo de entorpecimiento.

Por esa razón, Flores Leyes consideró que la prisión domiciliaria no resultaba idónea en esta etapa de la investigación.

Sin embargo, el juez entendió que los 90 días solicitados por la Fiscalía excedían las necesidades actuales del proceso y resolvió hacer lugar parcialmente al planteo.