Rechazan el pedido de la pareja de un gremialista detenido por narcotráfico para recuperar bienes incautados

La detención de Juan Carlos Insúa el 18 de junio de 2024 en el acceso de La Punilla fue el disparador de un expediente judicial que ya cuenta con una treintena de imputados. El dirigente gremial, asociado al kirchnerismo, está señalado por coordinar el transporte de cocaína desde Buenos Aires —su lugar de origen— hacia territorio puntano a través de la ruta nacional 7. Su actividad ilícita se centraba en la comercialización en Merlo y el Valle del Conlara, aunque su foco principal estaba en Villa Mercedes, donde operaba en sociedad con Diego “El Gaucho” Funes. Ambos individuos se encuentran tras las rejas por liderar sus respectivas organizaciones delictivas.

A través de diversos operativos llevados adelante por la Justicia Federal de Villa Mercedes, bajo el marco del sistema procesal anterior, se efectuaron múltiples aprehensiones y se confiscaron numerosos objetos y valores.

Durante este año, Noemí Cnochaert, esposa de Insúa, presentó ante el magistrado Juan Carlos Nacul una solicitud para recuperar un automóvil Nissan Kicks 1.6, una notebook ASUS, un iPhone 16 Pro Max y diversas sumas de dinero (22.200 pesos, 320 euros y 265 dólares). Ante la negativa inicial del juez, la defensa elevó un recurso de apelación a la Cámara Federal de Mendoza, la cual terminó respaldando la postura del magistrado. Los elementos permanecen en manos de la Justicia desde el 21 de mayo de 2025.

Las investigaciones indican que la mujer habría participado en la estructura criminal encabezada por su pareja, la cual se dedicaba a la comercialización de estupefacientes. El modus operandi consistía en la adquisición de la droga a proveedores peruanos en Buenos Aires y su posterior traslado terrestre hacia San Luis.

El gremialista kirchnerista Juan Carlos Insúa se encuentra recluido en el penal provincial de San Luis.

En San Luis, Insúa gestionaba dos frentes de venta: una red de venta al por menor en Villa de Merlo, junto a Héctor Raúl Ramayo, y el abastecimiento mayorista a la banda de Diego “El Gaucho” Funes en Villa Mercedes, a quien proveía entre 5 y 6 kilos semanales.

Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que existen pruebas suficientes para afirmar que Cnochaert recibió transferencias derivadas de la venta de droga y que cumplió un rol como testaferro de su cónyuge. Por tales motivos, se argumentó que los bienes en disputa son fundamentales para el futuro juicio oral y podrían ser objeto de confiscación según el artículo 23 del Código Penal, sumado a que aún restan realizar peritajes sobre los equipos informáticos.

Al revisar el planteo, el tribunal mendocino desestimó el reclamo, confirmando que la determinación del juez Nacul estaba correctamente fundamentada y que no procedía la restitución de los elementos y el dinero.

Diego Funes y Juan Carlos Insúa, aliados en el negocio ilícito.

Si bien ambos grupos funcionaban con independencia, las estructuras de Insúa y Funes operaban de manera coordinada. Funes encabezaba un clan familiar —compuesto por su pareja, hermano, suegra y otros allegados— dedicado a la logística y venta de estupefacientes.

Durante al menos seis meses, la organización de Insúa proveyó a la banda de Funes un promedio de 4 a 5 kilogramos de cocaína por semana.

A pesar de que cada facción conservaba su autonomía operativa, ambas colaboraban de forma estrecha en la distribución regional de sustancias ilegales.

Sobre el perfil de Insúa

Con pasado en la militancia peronista, estuvo vinculado al Sindicato Obrero de Frigoríficos Empleado de Carne y Afines (SOFECA) y a la Federación de Trabajadores Agrarios (FeTARA). En 2023 fue designado delegado normalizador en San Luis, pese a no haber ejercido jamás en los sectores que los gremios representaban, habiéndose desempeñado previamente desde 2010 como asesor en temas de salud.

En sus redes sociales, donde se identificaba como directivo de una firma de salud, solía exhibir fotos en moto y junto a referentes políticos como Florencio Randazzo en 2017 y Alberto Fernández en 2019.

Como parte de su gestión gremial, Insúa arrendó un camping de FETARA sobre la ruta 8. Ese sitio fue utilizado de manera recurrente por él y por Ramayo para acopiar el narcótico antes de entregarlo a Funes, quien poseía una propiedad apodada por la banda como el “campo de la merca”.

El predio alquilado por Insúa en las cercanías de Villa Mercedes para el acopio y distribución de los estupefacientes.