Conceden el beneficio de prisión domiciliaria a un sujeto denunciado por forzar un aborto

El magistrado del Juzgado de Garantías N°1, Juan Manuel Montiveros Chada, dictaminó un plazo de 120 días de reclusión en su hogar para Rolando Alejo Olguín, quien está siendo procesado por coaccionar a su ex pareja para que interrumpiera su embarazo.

La carátula del expediente incluye los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, en concurrencia real con el cargo de aborto sin consentimiento.

En el acto procesal intervinieron la fiscal de Género N°2, Antonella Córdoba, junto a la adjunta Mercedes García, mientras que la representación legal del imputado estuvo a cargo de los letrados Alfredo García Garro y Diego Domínguez.

El suceso se remonta al 17 de agosto. Según la exposición del Ministerio Público Fiscal, la víctima gestaba un embarazo de casi dos meses y manifestaba su voluntad de seguir adelante. No obstante, el sospechoso habría insistido en la interrupción y, durante la madrugada, la habría forzado a entrar al sanitario para administrarle medicación debajo de la lengua, procedimiento que habría reiterado posteriormente.

Tras la ingesta, la mujer experimentó fuertes dolores y sufrió la pérdida de la gestación. Según la denuncia, el mismo día, mientras sufría las secuelas físicas, fue atacada físicamente por Olguín en las cercanías de la Comisaría Sexta.

Las pericias médicas confirmaron diversas lesiones corporales, mientras que una ecografía practicada al día siguiente confirmó la existencia de un aborto incompleto. El legajo incluye registros del centro asistencial donde fue atendida, muestras biológicas y otras pruebas reunidas por la fiscalía.

Durante la audiencia, Olguín rechazó los cargos en su contra. Sostuvo que nunca forzó a la mujer a tomar fármacos y alegó que era ella quien deseaba finalizar el embarazo. Asimismo, desmintió la agresión cerca de la comisaría y afirmó haber sido víctima de violencia por parte de su ex pareja.

La defensa cuestionó la imputación de aborto no consentido, argumentando que las pruebas son insuficientes y que la mujer habría recibido asesoramiento previo en un centro médico, donde supuestamente habría aceptado realizarse el procedimiento por decisión propia.

Basándose en estos puntos, los abogados solicitaron la libertad del imputado, resaltando que posee empleo, domicilio fijo y respaldo familiar. Como medida subsidiaria, ofrecieron la prisión domiciliaria, a lo que el acusado se mostró dispuesto a someterse.

El juez determinó que el material presentado por la fiscalía es sólido para fundamentar la acusación inicial. El magistrado recordó que la investigación se encuentra en su fase preliminar, por lo que ambas partes podrán seguir aportando pruebas, incluyendo más testimonios médicos y registros del centro de salud.

Al valorar el testimonio de la denunciante, el juez subrayó que no se puede desestimar su palabra desde el inicio de las actuaciones, haciendo énfasis en la necesidad de considerar el contexto de vulnerabilidad de la víctima.

En cuanto a la medida de coerción, la fiscalía había pedido la detención en el Servicio Penitenciario, argumentando peligros procesales, riesgo de entorpecimiento y riesgo para la integridad de la víctima.

Finalmente, Montiveros Chada consideró que los riesgos podían mitigarse sin necesidad de un encierro en una cárcel, por lo que decidió aplicar la prisión domiciliaria por el periodo estipulado. Además, se mantiene vigente la orden de restricción que impide al imputado acercarse a menos de 300 metros de la mujer, así como establecer cualquier tipo de comunicación con ella por seis meses.