Cristina Kirchner percibió nuevamente más de $16 millones por su pensión honorífica de expresidenta viuda

La exjefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, recuperó el cobro de la asignación vitalicia derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, cumpliéndose así la disposición judicial que obligó a reactivar este beneficio que había sido previamente cancelado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El ente previsional procedió a ejecutar el pago correspondiente al mes de agosto, el cual fue efectivamente depositado en septiembre. De acuerdo con información de fuentes gubernamentales, la cifra total bruta ascendió a $16.090.877,01.

Este depósito marca el reinicio de las transferencias a la expresidenta tras la orden de restitución provisional emitida por la Justicia. Anteriormente, la ANSES había comunicado su intención de acatar la medida cautelar e incluir nuevamente el haber en el cronograma de agosto.

No obstante, la administración nacional persiste en su intención de impugnar este escenario legal. La cartera de Capital Humano, liderada por Sandra Pettovello y de la cual depende la ANSES, elevó el caso ante el máximo tribunal del país con el objetivo de anular la medida precautoria que habilitó los desembolsos.

En simultáneo a este conflicto por los haberes jubilatorios, este lunes el Poder Judicial desestimó una solicitud presentada por la defensa de la exmandataria respecto a los embargos impuestos en el expediente del caso Vialidad.

Dicho fallo fue dictado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, conformada por los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, según trascendió a través de fuentes vinculadas a los tribunales.

El recurso legal pretendía impugnar las restricciones sobre el patrimonio de la expresidenta. Entre los bienes afectados por la medida se incluye la propiedad ubicada en San José 1111, sitio donde Cristina Kirchner reside bajo arresto domiciliario.

Esta novedad judicial ocurre en pleno debate sobre las consecuencias económicas de la sentencia dictada contra la exmandataria en el caso Vialidad, donde fue condenada a una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública.

De este modo, el presente financiero de la dirigente está marcado por dos frentes legales independientes: la persistencia cautelar del pago de la pensión y la vigencia de los embargos preventivos relacionados con la causa por corrupción, los cuales fueron ratificados recientemente.

Mientras el mandato judicial que ordena pagar la pensión permanezca activo, la ANSES tiene la obligación de liquidar dicho monto. A la vez, el Poder Ejecutivo insistirá ante la Corte Suprema para que se revise el caso, mientras que los embargos en la causa penal siguen firmes.