Las autoridades del Ministerio Público Fiscal de San Luis validaron un manual de procedimientos destinado a armonizar las actuaciones de sus funcionarios con el sistema de justicia juvenil vigente. Este escrito impone normas unificadas para el abordaje de delitos presuntamente cometidos por adolescentes y es de cumplimiento forzoso para los miembros de la institución.
El esquema estipula, en primera instancia, que la edad del sospechoso no altera los criterios de reparto habituales de los casos. Así, las Fiscalías de Instrucción seguirán a cargo de los delitos ordinarios según sus cronogramas de turno, mientras que las unidades especializadas en violencia de género conservarán sus competencias específicas, debiendo siempre observar los principios y protecciones propias de la normativa juvenil.
Se contempla una labor articulada entre los magistrados, el Juzgado Penal Juvenil y los gabinetes interdisciplinarios, además de otros entes vinculados a la educación, la salud y el resguardo de los derechos del niño. Asimismo, el documento marca una distinción clara entre la persecución penal y las acciones de asistencia o amparo, subrayando que son vías que no se reemplazan mutuamente.
