Las ausencias de los legisladores Aguilar y Dacuña fueron clave para que Beltrán evitara el desafuero

En una sesión trascendental de la Cámara de Diputados, Walter Lino Aguilar y Carlos Dacuña, representantes de Villa Mercedes, no ocuparon sus asientos, facilitando así que Joaquín Beltrán lograra conservar sus privilegios constitucionales frente a la causa por corrupción que involucra a su pareja y exlegisladora, Anabela Lucero, actualmente bajo prisión preventiva.

Aguilar, quien cuenta con un pasado como jefe comunal de Villa Mercedes y diputado nacional, y Dacuña, reconocido dirigente y exjugador del club GEPU vinculado a Alberto Rodríguez Saá, integran la Legislatura provincial en representación del departamento Pedernera tras haber accedido a sus puestos en 2023 por el sublema “Unión por San Luis – Celeste Unidad”. Ambos tienen mandato vigente hasta finales de 2027.

Los fiscales Marcelo Palacios y José Olguín solicitaron formalmente el desafuero para avanzar con medidas de coerción en la investigación que llevan adelante por supuestos hechos de corrupción en la Casa de la Música y el Complejo Molino Fénix. Para proceder con el retiro de la inmunidad, la normativa exigía 29 votos afirmativos.

En la votación, la medida alcanzó 28 respaldos y sumó nueve rechazos. A falta de un solo voto, el desafuero no pudo concretarse. El bloque que votó en contra estuvo integrado por los diputados Lucas Caymes, Rodrigo Cabaña, Joaquín Beltrán, Cristian Alcaraz, Darío Neira, Mayca Garoglio, Silvia Sosa Araujo, Walter Pollo y María José Zanglá. A la sesión faltaron seis legisladores en total, incluyendo a los dos villamercedinos, lo que impidió un posicionamiento público de estos últimos.

Durante el plenario, el diputado Carlos “Charly” Pereira expuso los argumentos de la Fiscalía, subrayando la eliminación de evidencia digital, la falta de asistencia a audiencias y el riesgo de que el acusado influya sobre testigos debido a su peso político. Por su parte, Beltrán se defendió brevemente, alegando que se encuentra a derecho en todas las citaciones y negando cualquier uso indebido de sus fueros para obstruir la labor judicial.

Al concluir la votación por un margen estrecho, Beltrán mantiene sus fueros parlamentarios mientras continúa el proceso judicial en su contra. La determinación final fue sellada por la falta de asistencia de los seis legisladores mencionados, consolidando un desenlace que evitó el despojo de su inmunidad.

La causa, iniciada por una denuncia de la Fiscalía de Estado ante los tribunales de Villa Mercedes tras detectar anomalías en la gestión del Molino Fénix y la Casa de la Música, ha escalado significativamente. El 24 de agosto, el Ministerio Público Fiscal amplió los cargos contra Beltrán, Anabela Lucero, Diego Torres, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, imputándoles presunta asociación ilícita, destrucción de pruebas y administración fraudulenta. La sospecha central es que los involucrados habrían operado una estructura delictiva para desviar fondos públicos, facturar servicios inexistentes y utilizar recursos del Estado con fines proselitistas.