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Deportivo Español avanza legalmente contra Caruso Lombardi por la concesión de sus canchas

María Sol Méndez, máxima autoridad de la institución, denunciará al exentrenador por el control irregular de campos de juego con vigencia hasta 2036.

Por Redacción
María Sol Méndez, presidente de Deportivo Español.
María Sol Méndez, presidente de Deportivo Español.

La dirigente de Deportivo Español, María Sol Méndez, confirmó que iniciará acciones legales contra Ricardo Caruso Lombardi. La acusación se basa en la retención indebida de dos canchas de césped sintético, cuya explotación estaría bajo control de terceros —específicamente Uriel Videtta y Zoe Capital, la firma de Leonardo Cositorto— hasta el año 2036.

El hallazgo surgió a raíz de un proceso de fiscalización interna relatado por la presidenta: “Lanzamos una auditoría legal y contable ante la falta de transparencia de las gestiones previas: carecíamos de libros de socios, registros contables y cualquier papel fundamental para la operatoria de una asociación civil. Fue en ese proceso donde detectamos un acuerdo que perjudicaba gravemente al patrimonio del club. La concesión de esos espacios se concretó bajo una irregularidad absoluta”.

En cuanto a las condiciones del pacto, Méndez detalló: “Se trató de un convenio ilícito extendido hasta 2036, donde la institución apenas conservaba una hora diaria de uso y percibía un canon anual de 1 millón de pesos, el cual ya había sido liquidado por adelantado hasta 2028. Es un contrato totalmente leonino que afecta los intereses del club”.

Posterior a la anulación de dicho acuerdo, Caruso Lombardi profirió amenazas de muerte contra los actuales directivos. Sobre su rol, la dirigente puntualizó: “Él se desempeñaba como manager deportivo del fútbol profesional cuando se pactó el contrato. Su reacción posterior demuestra que es un interesado directo. Recordemos que, durante su gestión, Cositorto y su proyecto Generación Zoe estaban insertos en el club. Las imágenes de él junto a Cositorto y la gestión anterior son de dominio público y llegaron a difundirse en Netflix”.

La cúpula directiva prepara cargos por administración fraudulenta, usurpación, extorsión, estafa y asociación ilícita. La gravedad del caso aumenta debido a que el documento fue suscripto cuando el club no tenía la autorización de la Ciudad de Buenos Aires sobre sus terrenos, permiso que recién fue otorgado en diciembre de 2025.

Méndez finalizó: “Nos mantenemos firmes en esta etapa de negociación. Contamos con pruebas suficientes para ratificar que todo lo firmado carece de legalidad”.

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