La administración nacional presentó ante el Parlamento el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el cual introduce castigos más estrictos para individuos y corporaciones que extraigan recursos naturales en las Islas Malvinas sin el permiso de la Argentina.
La propuesta fue girada a la Cámara de Diputados y abarca un marco sancionatorio aplicable a la explotación de recursos tanto renovables como no renovables en la zona de las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y sus respectivos espacios insulares y marítimos adyacentes.
El documento cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Carlos Presti, Luis Caputo y Pablo Quirno. La propuesta busca modificar la normativa vigente desde 2011, la cual se limitaba al sector hidrocarburífero, para extender su jurisdicción a diversas modalidades de uso de los recursos naturales.
Las firmas o individuos que incurran en estas prácticas prohibidas se exponen a sanciones monetarias que oscilan entre el valor de 4 mil y 500 mil barriles de crudo, sumado a la posibilidad de que sus autorizaciones sean canceladas o suspendidas.
El articulado también estipula inhabilitaciones de cinco a 20 años y endurece el castigo cuando se trate de tareas vinculadas a la exploración o explotación de recursos no renovables.
En dichas situaciones, los años de cárcel estipulados van de 12 a 20 años. Para las actividades de almacenamiento, transporte o extracción de hidrocarburos efectuadas sin permiso argentino, las penas de prisión oscilan entre 15 y 20 años.
