El sector agropecuario recupera protagonismo legislativo con proyectos clave en debate

Luego de una etapa prolongada donde las demandas del agro carecieron de atención parlamentaria, el tramo final de 2026 presenta un calendario de trabajo concreto. Varias iniciativas fundamentales podrían finalmente abandonar el archivo, superando la parálisis legislativa de años anteriores.

Este cambio de escenario responde en parte a la creciente influencia política que ha ejercido el sector, equiparándose con otros actores como la industria y los sindicatos. Dicha capacidad de incidencia es fruto de la labor constante desarrollada por la Fundación Barbechando.

En el Congreso, los proyectos sobre biocombustibles y delitos rurales lideran el interés. El plan de ley referente a biocombustibles, impulsado por la senadora oficialista Patricia Bullrich, cuenta con dictamen mayoritario y propone incrementar los porcentajes de mezcla obligatoria de bioetanol y biodiésel.

Esta iniciativa genera discrepancias internas en el sector, ya que el esquema de corte de biodiésel expone las diferencias de postura entre los grandes exportadores y las pymes regionales. Al respecto, Ángeles Naveyra, titular de la Fundación Barbechando, comentó que se están ajustando detalles finales que podrían habilitar su tratamiento en la próxima sesión del Senado.

Por otro lado, la propuesta sobre vandalismo rural, que busca castigar el daño a la propiedad privada y la destrucción de silobolsas con penas de hasta ocho años de cárcel, cuenta con un fuerte respaldo político y el apoyo de la Mesa de Enlace. Martín Ardohain, diputado nacional del PRO por La Pampa y presidente de la Comisión de Agricultura, confirmó que el proyecto es una prioridad legislativa dada la creciente inseguridad que afecta a las familias rurales.

El debate pendiente sobre la Ley de Semillas representa un desafío técnico y político mayor. La legislación de 1973 resulta obsoleta ante el progreso biotecnológico actual, por lo que el Gobierno de Javier Milei, junto con la Secretaría de Agricultura bajo la dirección de Sergio Iraeta, busca un consenso que modernice el sistema.

El eje del conflicto radica en la elección entre el sistema UPOV 78 y UPOV 91. Mientras el Ejecutivo promueve la adhesión a este último, persisten las tensiones respecto al derecho de uso propio de los agricultores, especialmente entre entidades como la Federación Agraria, representada por Andrea Sarnari, quien sostiene la necesidad de defender los intereses de los pequeños productores.

En el horizonte cercano, la agenda legislativa también abarcará el Presupuesto 2027 y la posible eliminación de las elecciones PASO. No obstante, el tema central sigue siendo la política de retenciones. Aunque hubo rebajas, el Gobierno mantiene los derechos de exportación por necesidades fiscales, mientras que los productores exigen que cualquier modificación tenga un respaldo legal definitivo que impida cambios arbitrarios por decreto.

Nicolás Pino, reelecto recientemente como presidente de la Sociedad Rural Argentina, reiteró que la meta innegociable sigue siendo lograr la eliminación total de las retenciones a través de una ley.

Finalmente, otras propuestas como el Mercado de Bonos de Carbono, el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes y la normativa sobre fitosanitarios avanzan con menor exposición pública pero con relevancia técnica. El Congreso se mantiene como un escenario de negociación compleja, donde el sector agropecuario debe redoblar sus esfuerzos para transformar estas oportunidades en leyes concretas que impulsen la economía nacional.