San Luis implementará monitoreo electrónico para detenidos con arresto domiciliario y otras medidas cautelares

La provincia de San Luis formalizó la incorporación de sistemas de vigilancia electrónica para procesos penales. A través de un documento oficial suscrito entre la cartera de Seguridad y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), se habilitó el despliegue de tobilleras con geolocalización para supervisar arrestos domiciliarios y diversas órdenes dispuestas por los jueces.

El pacto fue oficializado por la titular de Seguridad, Nancy Sosa, junto al titular del STJ, Jorge Levingston. El convenio contempla una duración inicial de un año, previendo su renovación automática al finalizar dicho periodo.

Esta iniciativa concluye el camino iniciado en febrero pasado, cuando el Ejecutivo provincial acordó con la cartera de Seguridad nacional el reingreso de San Luis al esquema de Monitoreo de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, un servicio que había sido discontinuado en el territorio puntano durante julio de 2023.

Tras recibir los equipos de rastreo por parte de la Nación, restaba definir el procedimiento administrativo junto al Poder Judicial para su puesta en marcha. Según Sosa, contar con estas herramientas resulta esencial para diversificar las opciones de la Justicia, motivo por el cual era imperativo acordar con el STJ los criterios de aplicación.

La colocación de estos elementos no será generalizada. Cada situación requerirá una solicitud del magistrado interviniente, además de la confección de informes sobre viabilidad técnica y condiciones socioambientales. Con esa documentación, el juez determinará si el uso de la tobillera resulta pertinente. La supervisión operativa recaerá en el equipo técnico provincial, que deberá reportar ante cualquier irregularidad o incumplimiento de las normas judiciales.

El seguimiento mediante dispositivos electrónicos podrá utilizarse tanto durante la etapa de instrucción penal como en la fase de cumplimiento de sentencias, siempre que sea técnicamente viable. El marco normativo de San Luis contempla su aplicación en detenciones domiciliarias, restricciones de acercamiento y otras medidas de coerción.

Asimismo, el sistema abarca a jóvenes en conflicto con la ley bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil. En este supuesto, la tecnología funcionará como un complemento, sin suplantar el acompañamiento constante de las áreas de protección de derechos. La ejecución de la medida dependerá, en última instancia, del stock de equipos disponibles y de los análisis previos.

La Provincia no deberá afrontar gastos por la provisión ni por el funcionamiento del servicio, ya que la gestión financiera es absorbida totalmente por el Estado nacional. Sosa destacó que, además de la gratuidad, el Gobierno local se encargó de preparar y especializar al personal encargado de la gestión técnica y operativa de todo el sistema.