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San Luis

Programa de estímulo al consumo y desendeudamiento: claves y condiciones para participar

Claudio Poggi presentó ante el Poder Legislativo una estrategia para aliviar el pasivo de los hogares y dinamizar la economía local. La propuesta otorga un beneficio fiscal del 25% a las entidades financieras que financien ofertas para compras en comercios de la provincia.

Por Redacción
Centro de la ciudad de San Luis.
Centro de la ciudad de San Luis.

El gobernador Claudio Poggi elevó a la Legislatura una propuesta legislativa orientada a aliviar la situación financiera de las familias sanluiseñas y potenciar el mercado interno. Bajo el nombre de “Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar”, el texto diseña un esquema de ventajas tributarias para bancos y entidades crediticias que optimicen las condiciones de pago de deudas y fomenten las ventas en negocios de la región.

La iniciativa combina dos ejes de acción: uno destinado a la reestructuración de obligaciones financieras de los ciudadanos y otro enfocado en dinamizar el gasto en comercios locales a través de promociones bancarias. Según se argumenta, la mejora en el perfil de deuda de los hogares dejará margen económico que, al reinvertirse en el consumo local, potenciará el circuito comercial de San Luis.

El proyecto estipula que el incentivo al gasto y la refinanciación funcionan como pilares complementarios. Mientras el primero alivia la presión de las cuotas mensuales, el segundo brinda herramientas para que el dinero circule dentro de las fronteras provinciales. La participación del sector financiero es clave para mitigar el sobreendeudamiento y fortalecer la actividad económica, según sostiene el Ejecutivo en los fundamentos de la medida.

El articulado indica que, para formar parte del sistema, las entidades —incluyendo bancos, fintech y otros proveedores de crédito— deberán integrarse primero al esquema de desendeudamiento familiar. Asimismo, tendrán que presentar propuestas comerciales que se alineen con los objetivos públicos de la provincia.

Los beneficios podrán instrumentarse a través de reintegros, tarjetas prepagas, vouchers o descuentos, garantizando que estas ofertas sean más competitivas que las habituales del último año. Los fondos comprometidos por cada entidad tendrán un piso equivalente a los impuestos provinciales de los dos meses previos a su adhesión y un tope de hasta un año de tributos.

Por su parte, el Estado otorgará un crédito fiscal del 25% sobre el monto efectivamente destinado a estas promociones. Este beneficio será personal, intransferible y servirá únicamente para cubrir impuestos provinciales. La aprobación final quedará sujeta a un decreto del Ejecutivo tras la revisión técnica de la autoridad de aplicación.

Las entidades tendrán la obligación de hacer pública la participación del Gobierno provincial en sus campañas. El incumplimiento de esta norma, la falsedad en la información presentada o cualquier irregularidad en el uso del programa derivará en la pérdida del crédito fiscal y la obligación de reintegrar los tributos omitidos junto con los recargos correspondientes. El Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública será el encargado de la supervisión.

La norma tendrá una validez inicial de doce meses contados desde su publicación en el Boletín Oficial, con la posibilidad de que el Ejecutivo extienda su alcance por lapsos similares.

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