El magistrado Daniel Rafecas dictó el procesamiento contra ocho personas de origen iraní y libanés, vinculándolas con la planificación y puesta en marcha del ataque terrorista contra la mutual AMIA, y ordenó trabar embargos individuales por 500 millones de dólares.
El fallo, que se extiende por más de 600 fojas, se sustentó en la normativa 27.784, la cual habilita la figura del juicio en ausencia, permitiendo que la causa avance aunque los involucrados se encuentren evadidos de la justicia argentina.
De acuerdo con lo expuesto en el documento, la determinación de perpetrar el atentado fue tomada por los altos mandos del gobierno iraní a mediados de 1993, delegando la logística en la organización Hezbollah, la cual operó a través de una estructura de asistencia en la Triple Frontera.
En calidad de autores mediatos, el juez procesó a Ali Fallahijan, ex titular de Inteligencia; Ali Velayati, quien fuera canciller; Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, quien lideraba la fuerza Al Quds.
Asimismo, se procesó por complicidad necesaria a Hadi Soleimanpour, antiguo embajador iraní en el país; Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de la legación diplomática, y Ahmad Asghari, vinculado a labores de inteligencia en la Guardia Revolucionaria.















