Un conflicto legal de 17 años culminó con un revés para las arcas públicas. La magistrada Valeria Benavidez, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 3, desestimó la pretensión de expropiación iniciada en 2009 por la administración de Alberto Rodríguez Saá contra la empresa Agroindustria Las Barranquitas SA, propietaria de terrenos situados en Estancia Grande.
La resolución definitiva N° 243/2026, fechada el 17 de septiembre, determinó que el Gobierno no demostró de forma fehaciente por qué era indispensable expropiar la totalidad de las tierras solicitadas para el desarrollo de la iniciativa original. Asimismo, la sentencia impuso al Estado provincial el pago de todos los costos del proceso.
El proceso comenzó en 2009, cuando las autoridades de San Luis iniciaron acciones legales contra la compañía titular, buscando una expropiación por urgencia que permitiera tomar posesión inmediata de los lotes.
El predio estaba compuesto por dos sectores que sumaban cerca de 169 hectáreas y 88 metros cuadrados, situados en el departamento Pringles y catastrados en Saladillo, según consta en la documentación judicial obtenida por El Chorrillero.
La acción se basó en el decreto N° 918-2009, firmado por el entonces gobernador Rodríguez Saá el 29 de abril de ese año, que declaraba de utilidad pública el inmueble. La demanda fue presentada ante los tribunales el 22 de mayo de 2009.
El plan estatal contemplaba la creación de un complejo de polo con cinco canchas, además de instalaciones complementarias como caballerizas, áreas recreativas, locales gastronómicos y zonas de juegos.
