El Senado dio luz verde a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

La Cámara Alta aprobó por un margen contundente las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, estableciendo que tanto la elección como la destitución de sus directivos requerirán únicamente el visto bueno del Senado bajo un esquema de mayoría absoluta.

El texto, que introdujo variantes respecto a lo enviado por Diputados, recibió 66 votos afirmativos contra dos negativos. Al superar los dos tercios de los presentes, se torna sumamente complejo que la Cámara baja pueda revertir lo resuelto por los senadores. En la votación general, el proyecto cosechó 46 sufragios a favor y 22 en contra, sumando los apoyos de La Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Independencia, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut y la Neuquinidad.

El Gobierno debió negociar este ajuste, reduciendo el requisito de los dos tercios a la mayoría absoluta para concretar las designaciones y remociones en la entidad monetaria. Este cambio implica un viraje frente a la postura original de Javier Milei, que buscaba un blindaje mayor para los funcionarios mediante la exigencia de dos tercios de los votos en ambas cámaras legislativas.

La sesión comenzó tras alcanzar el quórum de 37 legisladores, dando paso al tratamiento después de una cuestión de privilegio del radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del peronista Carlos Linares. Durante el debate, el titular de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, confirmó que el consenso alcanzado otorga al Senado la facultad exclusiva de nombrar y remover autoridades con mayoría absoluta.

Monteverde justificó el cambio citando el "saqueo institucional" ocurrido entre 2003 y 2023, señalando que la reforma apunta a que el BCRA recupere el mandato de cuidar el valor de la moneda y reemplazar la arbitrariedad política por normas institucionales duraderas. Por su parte, Jorge Capitanich rechazó la iniciativa, argumentando que el oficialismo pretende utilizar las reservas para manipular el tipo de cambio con fines electorales, y pidió profundizar en reglas fiscales, monetarias y cambiarias.

A su turno, Flavia Royon, de Primeros los Salteños, dio un apoyo general pero se distanció de artículos específicos, cuestionando que se autorice el uso de reservas —incluyendo oro— como garantía sin límites ni obligaciones de rendir cuentas al Congreso. En la misma línea, José Mayans criticó duramente el proyecto, acusando al Gobierno de abandonar sus promesas de campaña y advirtiendo que habilitar el uso de activos podría derivar en un retiro masivo de depósitos y un riesgo de corralito.

La normativa suprime además las facultades del organismo para direccionar el crédito, bajo la premisa de que no corresponden a su función central. Con este marco, el Ejecutivo busca que la autoridad monetaria se enfoque exclusivamente en proteger el peso y se desvincule del financiamiento del Tesoro, habilitando a su vez el uso de activos como garantías en operaciones de financiamiento internacional o acuerdos REPO.