Crece la presión sobre la red sanitaria estatal ante la migración de pacientes desde el sector privado

La red de salud pública afronta una mayor exigencia operativa debido a que un segmento creciente de la ciudadanía perdió su afiliación a prepagas u obras sociales, volcándose obligatoriamente hacia los hospitales y unidades sanitarias estatales. En este marco, la propuesta de Presupuesto 2027 que el Gobierno elevó a consideración del Legislativo contempla un presupuesto sectorial de $12,8 billones, superando los $11 billones estipulados para el ciclo actual.

Este incremento equivale a un 16% interanual y, según cálculos oficiales, implica un alza real cercana al 30% en relación con los valores de 2023. La iniciativa todavía está pendiente de debate parlamentario.

Un informe técnico advierte, no obstante, que gran parte de esta variación contable se explica por modificaciones en la metodología de registro del financiamiento del PAMI vigentes desde 2024, por lo que no se traduce íntegramente en un aumento de los fondos disponibles para las prestaciones médicas directas.

El origen de esta mayor carga sobre el sistema público reside principalmente en la pérdida de cobertura contributiva. Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), expone una merma sostenida en los beneficiarios de obras sociales y medicina privada desde 2023.

De acuerdo con este estudio, en 2023 se registraban poco más de 18 millones de personas en obras sociales y unos 1,5 millones en prepagas. Para el primer cuatrimestre de 2026, esos valores retrocedieron a 17,4 millones y 1,4 millones, respectivamente.

El balance señala una baja de 629.384 afiliados en obras sociales y 105.521 en prepagas, totalizando cerca de 735 mil bajas en el lapso evaluado. Al añadir a las 516 mil personas que ya carecían de cobertura, el grupo que depende exclusivamente de los servicios del Estado llega a los 1,2 millones de individuos.

El impacto es visible en la afluencia a los centros asistenciales. Datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) y las jurisdicciones provinciales indican que los establecimientos estatales atienden unos 100 millones de consultas anuales, superando los registros de entre 90 y 95 millones observados en 2019.

Para Jorge Colina, titular de Idesa, la metamorfosis del mercado de trabajo, marcada por la expansión del empleo informal, es el motor detrás de este incremento en la demanda asistencial. “En los últimos años se dio un incremento muy fuerte en la cantidad de pacientes que debe atender la salud pública; está sobrecargada”, afirmó.

Sin embargo, no todas las personas que dejaron su plan original quedaron sin cobertura privada. En el rubro de las prepagas, las entidades estiman que unos 8,4 millones de usuarios se mantienen en el sistema, un número estable frente al año previo.

Desde las empresas explican que, ante el deterioro económico, muchos usuarios optaron por contratar planes más económicos en lugar de darse de baja por completo.

La situación del mercado laboral contextualiza estas variaciones. El Indec reportó una tasa de desocupación del 7,9% en el segundo trimestre de 2026, contra el 7,6% del mismo período de 2025, lo cual afecta a cerca de 1,8 millones de personas.

En paralelo, la precariedad laboral se intensificó: la tasa de informalidad subió del 19,2% al 20,2% interanual. El empleo formal descendió del 56,6% al 54,9%, mientras que el informal trepó del 43,2% al 45%. Esto suma más de 550 mil trabajadores informales, totalizando casi 10 millones de personas en esa situación según la EPH.

Adicionalmente, estimaciones del sector privado calculan una pérdida de unos 61 mil empleos durante 2026. La conjunción de menor formalidad, desempleo y caída de aportes ayuda a comprender por qué más ciudadanos se vuelcan a la atención pública.

El Presupuesto 2027 busca así fortalecer las partidas de salud en un momento de demanda creciente. El reto sanitario excede el número de pacientes y abarca también la capacidad de proveer insumos, tecnología, mantenimiento edilicio y tratamientos complejos.

De hecho, en septiembre pasado, el Ejecutivo nacional ya había oficializado una inyección de más de $323 mil millones para el Ministerio de Salud, orientada a financiar la compra de vacunas y fármacos, logística y equipamiento para hospitales de alta complejidad.